*La ASF les detectó contratos chuecos por más de 8 mil mdp
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso “bajo la lupa” las contrataciones de los organismos electorales del país, entre ellos el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, tras identificar operaciones sospechosas por más de 8 mil 870 millones de pesos entre proveedores e instituciones públicas.
Este viernes 30 de octubre, durante la entrega del segundo paquete de informes de la Cuenta Pública 2025 en la Cámara de Diputados, el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel detalló que la indagatoria busca aclarar si existieron pactos entre funcionarios y empresas para direccionar contratos, simular competencia o alterar precios.
La revisión se centra en dos consorcios empresariales que movilizaron 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026.
De esa bolsa, 3 mil 790.3 millones corresponden a convenios firmados con organismos electorales locales, aunque la ASF no ha especificado aún los montos individuales adjudicados por cada entidad.
“Esta investigación comprende a todos los Organismos Públicos Locales Electorales, así como a las empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar relacionadas”, precisó el titular del órgano fiscalizador.
Entre los hallazgos reportados destacan diversas inconsistencias operativas como la simulación de competencia donde empresas ganadoras de licitaciones que subcontrataron a competidores del mismo proceso que pertenecían al mismo grupo corporativo.
Empresas fachada donde proveedores que facturaron cientos de millones de pesos operando con nóminas menores a cinco empleados o sin personal registrado.
Transacciones por 21.3 millones de pesos vinculadas a timbradoras de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por presuntas operaciones ilícitas.
El funcionario dijo que las pesquisas abarcarán la trayectoria comercial de los consorcios señalados desde sus inicios para rastrear posibles redes de complicidad con servidores públicos, verificar la legalidad de los fallos y constatar si se limitó la libre concurrencia en los concursos de compra.
Hernández Palacios Cardel enfatizó que los procedimientos se realizarán con rigor técnico, independencia y apego al debido proceso.
