*137 millones en el primer año de Nahle
*En SESVER hubo un sub-ejercicio; en educación pagaron a los muertos
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño patrimonial por 137 millones 755 mil pesos en el Gobierno de Veracruz durante la Segunda Entrega de la Cuenta Pública 2025, correspondiente al primer año de gestión de Rocío Nahle García.

Las irregularidades se concentraron principalmente en los fondos destinados a salud, educación y asistencia social, derivando en 13 pliegos de observaciones.
El sector salud registró la cifra más alta por aclarar, sumando 87.4 millones de pesos en los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).
Entre los hallazgos principales destaca el uso de 86.9 millones de pesos del presupuesto FASSA 2025 para cubrir nóminas y aguinaldos del ejercicio 2024 sin la autorización debida.
Asimismo, la entidad dejó un subejercicio crítico de 345 millones de pesos que estaban asignados a la adquisición y distribución de medicamentos e insumos médicos, lo que representa el 21.3% del presupuesto autorizado para ese rubro
En el sector educativo, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) acumuló 48.6 millones de pesos en observaciones dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).
Las anomalías incluyen el pago de 648 mil pesos a personas con registro formal de defunción y 38.9 millones de pesos destinados a 105 trabajadores con plazas en centros de trabajo geográficamente incompatibles.
Adicionalmente, se detectaron erogaciones irregulares a personal con licencia sin goce de sueldo, pagos posteriores a fechas de baja y recursos entregados a comisionados sindicales sin funciones docentes acreditadas.
Por su parte, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) reportó irregularidades por 1.6 millones de pesos, de los cuales el DIF estatal erogó 319 mil pesos en apoyos alimentarios a 88 beneficiarios fallecidos, mientras que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no comprobó la amortización ni el reintegro de un anticipo de obra por 1.35 millones de pesos.
Como respuesta a la fiscalización, la administración estatal acreditó el reintegro de 15 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, correspondiendo la mayoría al sector educativo.
En paralelo, los Órganos Internos de Control de SESVER, SEFIPLAN, SEV y SIOP abrieron investigaciones administrativas para deslindar responsabilidades, al tiempo que la ASF promovió revisiones fiscales ante el SAT por la cancelación masiva de comprobantes digitales de nómina y discrepancias en los registros contables de la entidad.
