Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
En los primeros seis meses de la actual gestión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, marcando un giro hacia una fiscalización con consecuencias directas y sin simulaciones.
El veracruzano Aureliano Hernández Palacios, titular de la ASF entregó este viernes la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública ante la Cámara de Diputados, donde detalló que, como resultado de sus nuevas atribuciones legales, por primera vez en su historia se interpusieron tres denuncias penales por auditorías que aún se encuentran en desarrollo.
Estas acciones legales anticipadas derivaron de hallazgos sobre obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad no localizado y la presentación de documentos presuntamente apócrifos para simular el pago de cuotas de seguridad social.
Asimismo, el órgano fiscalizador informó sobre la presentación de 9 denuncias penales adicionales dirigidas a combatir el "coyotaje", reiterando que la institución no utiliza intermediarios, gestores ni despachos particulares.
En el mismo periodo, se determinaron 60 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal notificadas al SAT y al IMSS, con el fin de vigilar que los proveedores y prestadores de servicios contratados con recursos públicos cumplan con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
A nivel estatal, se registraron más de 1,200 millones pendientes de solventar —principalmente en salud y educación—, aunque se reconoció el reintegro preventivo de 1,132 millones de pesos por parte de diversas entidades antes de concluir las revisiones.
De manera oficiosa, se inició una indagatoria sobre un conjunto de empresas que acumularon contratos por 8,870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026 con diversas instituciones públicas —de los cuales 3,790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales—, detectando esquemas de subcontratación cruzada, empresas fantasma con nulo personal y vínculos con firmas de facturación revocadas.
Para sostener este esquema de investigación, la ASF ratificó la firma de convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Antimonopolio, al tiempo que insistió ante el Congreso en la necesidad de aprobar una reforma constitucional que permita sancionar de manera directa y acelerar la recuperación de los recursos públicos.
