*En esquema de moches en el INE
Por Rodrigo Barranco Déctor/NOTIVER
En medio de las crecientes tensiones por el control del aparato electoral y la fiscalización de los recursos públicos, el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, se encuentra en el epicentro de un escándalo político tras ser señalado directamente por excolaboradores del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) de encabezar una presunta red de extorsión institucionalizada.
¡Si esto que hoy publica Excélsior realmente ha ocurrido, es algo gravísimo! El responsable de vigilar y combatir la corrupción, no solo lo controla el oficialismo, sino que la practica en su seno… ¡Ufff esto debe investigarse a fondo! https://t.co/emkKLna62l
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 30, 2026
Las acusaciones apuntan a la exigencia sistemática de cuotas obligatorias, conocidas en la jerga política como “diezmos” o “moches”, impuestas a los funcionarios de dicho organismo con la finalidad de financiar el movimiento político del legislador y asegurar la permanencia en sus puestos de trabajo.
Este señalamiento sacude con especial fuerza la escena política del estado de Veracruz, bastión clave donde el legislador mantiene un activo arraigo político y donde presuntamente se triangulaba parte de la ruta del dinero recolectado de forma ilícita.
La trama, destapada originalmente a través de un reportaje de investigación del diario Excélsior, revela un sofisticado entramado de coacción laboral y financiera dentro del OIC, un órgano que paradójicamente está diseñado para vigilar la transparencia y combatir la corrupción interna del propio INE.
Los testimonios de exfuncionarios del instituto exponen que la estructura del órgano fiscalizador fue “colonizada” políticamente por instrucciones de Gutiérrez Luna.
De acuerdo con las denuncias presentadas, a los subdirectores y personal de mando medio se les exigía de forma coercitiva la entrega de entre el 15 y el 20 por ciento de su salario neto mensual.
Para un subdirector con un sueldo promedio de 73 mil pesos netos, esto implicaba un desembolso forzoso de 15 mil pesos al mes bajo la advertencia tácita de ser cesado de inmediato si no se cumplía con la aportación económica para la causa.
La investigación periodística aportó evidencias documentales que extienden los tentáculos de esta presunta red de corrupción directamente hasta el territorio veracruzano.
Los denunciantes exhibieron estados de cuenta con depósitos bancarios específicos dirigidos a una cuenta cuya beneficiaria es una funcionaria en activo dentro del gobierno del estado de Veracruz, lo que vincula el esquema financiero con operadores de la entidad.
Para aquellos casos en los que se buscaba evitar el rastro digital del sistema financiero mexicano, el modus operandi mutaba a la entrega del dinero en efectivo, realizándose las transacciones de manera discreta en un conocido restaurante de la Ciudad de México.
Esta situación coincide temporalmente con el arribo de inspectores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destinados a auditar el desempeño y las presuntas omisiones del propio OIC del INE, lo que ha elevado las sospechas sobre la gestión del organismo contralor.
Ante la gravedad de las imputaciones, Sergio Gutiérrez Luna, quien actualmente funge como vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, emitió un pronunciamiento rotundo para desmarcarse de los señalamientos y rechazar de manera categórica cualquier vinculación con el cobro de diezmos.
El legislador federal calificó las denuncias como una falsedad absoluta y una campaña de desprestigio orquestada directamente por la oposición con el único fin de socavar su posición política en momentos de alta definición electoral.
En su defensa, Gutiérrez Luna sostuvo que no posee control alguno sobre las plazas laborales del OIC ni mantiene nexos personales o políticos con el titular del organismo, Víctor Hugo Carvente Contreras, afirmando que su relación se limita estrictamente al ámbito institucional derivado de su toma de protesta en el palacio legislativo de San Lázaro.
Respecto al vínculo financiero que la denuncia establece con el estado de Veracruz, el diputado veracruzano esgrimió como argumento de defensa que la coyuntura política actual de la entidad hace materialmente imposible que existan personas de su equipo cercano laborando en la administración estatal veracruzana, deslindándose así de la identidad de la presunta funcionaria receptora de las transferencias.
Aurora Zepeda
