PROCESADO POR LA MUERTE DE MONSERRAT
*Analistas jurídicos advierten que uno de los debates técnicos consiste en determinar si la acusación logró describir y acreditar todos los elementos que exige el tipo penal de feminicidio
Por FEDERICO GARCIA
Reportero de NOTIVER
El caso Marlon “N”, procesado por la muerte de Monserrat, en fase decisiva del juicio oral, se ha convertido en uno de los desafíos más complejos para el sistema de justicia penal en México por su amplía notoriedad pública, el juez estará ante un dilema: impartir justicia exclusivamente con base en las pruebas desahogadas en juicio y/o bajo la influencia de la opinión pública.
Editor86
El Tribunal de Enjuiciamiento estará frente a una cuestión que podría definir la independencia judicial: ¿puede una sentencia sustentarse en presión social o únicamente en la prueba legalmente acreditada dentro del proceso? Desde el inicio de la investigación, en 2021, el asunto generó una profunda indignación social y una cobertura mediática constante.
Especialistas consultados consideran que, precisamente, en casos de mayor impacto público es donde jueces deben observar con mayor rigor el principio constitucional del debido proceso y la presunción de inocencia, garantizando, tanto el derecho de acceso a la justicia para la familia de la víctima como el respeto irrestricto a las garantías procesales del acusado.
En cuanto a los límites de la acusación formal, según el pliego acusatorio formulado por la fiscalía y con las actuaciones desarrolladas durante el juicio oral, analistas jurídicos advierten que uno de los debates técnicos consiste en determinar si la acusación logró describir y acreditar todos los elementos que exige el tipo penal de feminicidio.
Desde esa perspectiva, el análisis jurídico se centra en verificar si la acusación incorporó una narración suficientemente precisa respecto de las circunstancias de modo y de los elementos normativos que exige la legislación penal, cuestión cuya valoración corresponde exclusivamente al Tribunal de Enjuiciamiento.
Durante el desahogo de las pruebas testimoniales, testigos manifestaron no tener conocimiento de antecedentes de agresión, discusiones previas, gritos o solicitudes de auxilio entre los involucrados.
Y, la prueba pericial médica presentada en juicio, fue interpretada en sentido de que la lesión mortal resultó compatible con un impacto mecánico contra un objeto inerte, argumento con el que plantea que existen dudas respecto de si la representación social logró acreditar todos los elementos exigidos por el tipo penal de feminicidio.
Corresponderá al Tribunal valorar el alcance probatorio de dicho dictamen con el resto del material desahogado en el juicio.
El principio de congruencia y el debido proceso advierten que el Tribunal únicamente puede resolver sobre los hechos contenidos en la acusación formal y acreditados mediante prueba legalmente desahogada en audiencia.
El principio de congruencia impide que el juez complemente, modifique o sustituya las omisiones de la acusación mediante inferencias ajenas a la teoría del caso planteada por las partes.
La sentencia debe guardar correspondencia entre la acusación formulada, la prueba producida y la decisión judicial.
Por eso es un desafío para el sistema de justicia penal, ya que el Tribunal de Enjuiciamiento deberá resolver con base exclusivamente en la valoración de las pruebas y en el marco constitucional aplicable, esto es, que los jueces no están llamados a resolver conforme al clamor social, sino conforme a pruebas legalmente incorporadas al proceso.
La decisión que emita el Tribunal no sólo definirá la situación jurídica del acusado (en sentencia), sino que también constituirá un referente sobre la capacidad del sistema penal para resolver los casos de mayor impacto social con independencia, objetividad y respeto a los principios constitucionales.
