Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
En el último informe de el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó serias deficiencias administrativas, negligencias financieras e incumplimientos fiscales en el Fideicomiso Fondo del Futuro, la entidad encargada de administrar la Ciudad Industrial Bruno Pagliai en el puerto de Veracruz.
Tras revisar la Cuenta Pública 2024, lo que implicó auditar más de 500 millones de pesos equivalentes al 75.5% de los movimientos financieros del organismo, la autoridad fiscalizadora reportó tres anomalías principales; un masivo rezago en el cobro de créditos, falta de control en el inventario de bienes y millonarios adeudos históricos con dependencias federales.
La primera gran irregularidad radica en la enorme cartera vencida del fideicomiso, la cual asciende a 441.7 millones de pesos derivados de créditos otorgados y programas de apoyo como PROMOVER.
De esta cantidad, la actual administración solo logró recuperar 6.4 millones de pesos, dejando más de 435.2 millones de pesos congelados y sin cobrar.
Asimismo, el ORFIS señaló la falta de evidencia y custodia de bienes adquiridos durante el año 2024 con un valor de 122 mil pesos, entre los que destacan una revolvedora de concreto y 24 monitores de cómputo, por lo que urgió a la dependencia a reforzar de inmediato sus mecanismos de inventario.
A este escenario se suman los adeudos fiscales históricos que el Fondo del Futuro mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), los cuales superan en su conjunto los 69 millones de pesos.
El caso más grave es el de CONAGUA, con quien arrastran una deuda de 40 millones de pesos por sanciones acumuladas desde hace más de dos décadas; una situación crítica si se considera que durante todo 2024 el fideicomiso apenas abonó 813 mil pesos para mitigar este compromiso.
Finalmente, debido a que este desaseo administrativo responde a omisiones acumuladas a lo largo de varios años, el ORFIS solicitó formalmente al Órgano Interno de Control investigar y deslindar responsabilidades en contra de exdirectores.
Aunque el órgano auditor aclaró que estas faltas no constituyen un daño patrimonial directo a la Hacienda Pública, sí las clasificó como negligencias administrativas graves que requieren sanciones y correcciones urgentes para detener el abandono y deterioro financiero del fideicomiso.
