*“Pagamos seguros, derechos e impuestos”
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Representantes de más de 100 organizaciones de taxistas en el estado solicitaron formalmente a la gobernadora Rocío Nahle García ser incluidos en las mesas de trabajo para la reforma a la Ley 589 de Tránsito y Transporte.
Ante la inminente regularización de aplicaciones como Uber e InDrive, los ruleteros pidieron qe esto no derive en una competencia desleal, por lo que advirtieron que, de no ser escuchados por el Ejecutivo y el Congreso local antes de que se apruebe la iniciativa, convocarán a movilizaciones y concentraciones masivas en puntos estratégicos de la entidad.
En conferencia de prensa, Mara Cristina Avilés Montiel, líder de la Unión de Taxistas y Empleados del Transporte Público (UTEP), y Guillermo Celaya de Jesús, del Sindicato "Miguel Alemán", aclararon que el sector no se opone a la modernización tecnológica, sino a la disparidad de condiciones.
Su propuesta central es que las plataformas operen exclusivamente con unidades concesionadas o, en su defecto, que los conductores particulares se sometan a las mismas obligaciones fiscales, seguros especiales y derechos que ellos cumplen.
Asimismo, exigieron a las autoridades incrementar los operativos para detectar tanto a particulares irregulares como a unidades clonadas, recordando que representan a más de 120 mil concesionarios en Veracruz.
Por su parte, el asesor jurídico del movimiento, Andrés Eduardo Ángeles Villa, explicó que la legislación actual distingue con claridad el transporte particular del público, detallando que el artículo 272 Bis contempla sanciones para quien preste servicio comercial sin concesión.
El litigante confirmó que ya preparan acciones legales ante el silencio de las autoridades a sus solicitudes de audiencia.
Aunado a esto, los voceros denunciaron que el gremio arrastra un severo desabasto de placas desde hace dos años, omisión administrativa que provoca que la ciudadanía confunda a taxistas legales con unidades "pirata".
Ante este escenario de rezago y la falta de apertura al diálogo, Avilés Montiel reveló que analizan seriamente no participar en el próximo reemplacamiento estatal, lo que afectaría significativamente la recaudación financiera del estado debido al volumen del padrón.
