*Pero no se garantiza que no habrá endeudamiento del Estado
*Y la SEFIPLAN ahora también será fiscalizadora de alcaldes
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Entre acusaciones de opacidad financiera, presuntos vicios de inconstitucionalidad y advertencias de una posible "coacción política" contra alcaldes de oposición, el Congreso del Estado aprobó el Programa Estatal Extraordinario de Saneamiento Financiero propuesta por la Gobernadora Rocío Nahle.
Editor86
Aunque el dictamen avanzó con 48 votos a favor, las bancadas de oposición lanzaron una severa alerta sobre los riesgos de un posterior endeudamiento para el Estado y el condicionamiento de la autonomía municipal a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La diputada Indira Rosales San Román cuestionó en tribuna la falta de claridad sobre el origen de los recursos estatales que se inyectarán al programa.
"¿De dónde van a salir mil 500 millones de la Sefiplan? No hay claridad de qué partida saldrá", fustigó.
Asimismo, advirtió que la promesa de no generar pasivos podría ser una simulación:
"Dijeron que no habrá contratación de deuda en el caso de los municipios, pero no en el caso del Estado; que no nos vayan a pedir después que aprobemos deuda".
Rosales San Román denunció que el decreto otorga facultades inconstitucionales a la Sefiplan al permitirle vigilar directamente el gasto de los ayuntamientos.
Ante esto, solicitó dejar por escrito que el Gobierno del Estado no contratará pasivos posteriores y que la fiscalización quedara estrictamente a cargo del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis); sin embargo, la propuesta fue desechada por la mayoría.
Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Elena Córdoba Molina, exigió que este esquema "no sea un cheque en blanco" y demandó garantías de que no se crearán ni aumentarán impuestos, alertando el riesgo de que el Estado use el rescate como pretexto para desentenderse de los municipios bajo la premisa de "ya te ayudé, ahora ráscate con tus propias uñas".
A nombre del PRI, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar fue más allá y lanzó una advertencia directa a los presidentes municipales de la entidad, señalando el peligro de que las atribuciones de la dependencia estatal se utilicen de forma facciosa.
"Quiero decirles a los alcaldes que se pongan truchas, que no vaya a ser que en la fiscalización que quiere hacer Sefiplan ahora se convierta en un tema político y que al rato sea una forma de coaccionar a la oposición", sentenció. Valdés reveló además que funcionarios de Finanzas prometieron modificar las reglas de operación en un plazo de 30 días, confirmando el desaseo en el diseño del decreto.
El encono legislativo alcanzó su punto más álgido cuando la diputada Monserrat Ortega exigió que se adjuntara la estimación del impacto presupuestario y arremetió de forma personal contra la presidenta de la Comisión de Hacienda Municipal, Tania Carola quien se negó a adjuntar el documento con el impacto presupuestal.
"El problema es que no sabes integrar dictámenes y firmas sin saber. Cuando aprendas a hacer bien las cosas vas a poder ser feliz", reclamó desde la máxima tribuna.
Pese a los reclamos diputados de oposición votaron a favor de la Iniciativa que tiene como objetivo la liquidación anticipada de las obligaciones bursátiles vigentes de los 199 municipios que se adhirieron al esquema implementado en 2008.
De acuerdo con lo aprobado, el Gobierno del Estado asumirá hasta el 75 por ciento del saldo insoluto de capital que resulte exigible, mientras que los municipios aportarán el 25 por ciento restante.
El Ejecutivo estatal absorberá también el pago de 149 millones de pesos por concepto de penalizaciones por pago anticipado.
