*No hago política, dice
*Hoy votarán los desafueros
*Las carpetas se sustentan con pruebas
Por Alba Alemán
Reportera de NOTIVER
Xalapa, Ver.– A un día de que el Congreso de Veracruz discuta y vote las solicitudes de desafuero contra los alcaldes de Movimiento Ciudadano de Ixhuatlán del Sureste e Ixtaczoquitlán, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, rechazó que las investigaciones emprendidas por la dependencia tengan un trasfondo político y afirmó que cada caso está sustentado con pruebas.
La titular de la Fiscalía respondió así a los señalamientos de presunta fabricación de carpetas de investigación y sostuvo que la institución actúa con base en evidencias que posteriormente son valoradas por los jueces.
"No vengo a hacer política. Mi prioridad, tanto cuando estuve en el Poder Judicial como ahora en la Fiscalía, ha sido la justicia. Cuando acudimos ante un juez no llevamos argumentos políticos, llevamos datos de prueba", afirmó.
Jiménez Aguirre explicó que ni las órdenes de aprehensión, ni las vinculaciones a proceso o las sentencias dependen de una decisión personal de la Fiscalía, sino de los elementos de prueba que se presentan durante el proceso penal y de las resoluciones emitidas por los jueces.
"Las resoluciones las toman los jueces con base en los datos de prueba. Nosotros investigamos y presentamos los elementos que tenemos", sostuvo.
Las declaraciones se dan en medio de la discusión pública por los procesos iniciados contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, e Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez Pellico, ambos emanados de Movimiento Ciudadano, cuyos expedientes fueron turnados al Congreso local para que determine si les retira o no el fuero constitucional.
La Comisión Instructora del Congreso dictaminó procedentes ambas solicitudes y será este miércoles cuando el Pleno decida si autoriza el desafuero de los dos ediles, lo que permitiría a la Fiscalía continuar los procesos penales en su contra.
La fiscal evitó pronunciarse sobre el contenido de las investigaciones o los argumentos expuestos por las defensas de los alcaldes, al señalar que los procedimientos legislativos aún no concluyen y que corresponde al Congreso resolver sobre el retiro de la inmunidad procesal antes de cualquier actuación penal en su contra.
