*Huerta sobre alcaldes que quieren desaforar
*Imparcialidad y debido proceso
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Las investigaciones y los procesos de desafuero en contra de los alcaldes de Úrsulo Galván y de Ixhuatlán del Sureste que se votarán deben conducirse con total pulcritud y estricto apego a la legalidad, garantizando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso, aseveró el senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Al respecto, el legislador sostuvo que cualquier decisión institucional debe estar sustentada en pruebas sólidas y no en juicios mediáticos.
El Morenista señaló que la ciudadanía sigue con atención estos casos, por lo que instó a las autoridades a actuar con profesionalismo e imparcialidad.
Al referirse al papel del Congreso local, destacó la gran responsabilidad que recae en sus integrantes y enfatizó que sus determinaciones deben respaldarse en argumentos legítimos.
Asimismo, aclaró que sus posturas previas estuvieron dirigidas hacia los partidos políticos postulantes y no hacia los ediles en lo personal, advirtiendo que emitir pronósticos apresurados vulnera el derecho al debido proceso.
“El Congreso local tiene una gran responsabilidad y sus decisiones tienen que sustentarse en argumentos sólidos y legítimos” dijo
En ese sentido, Huerta consideró que la presunción de inocencia debe prevalecer en todo momento y recordó, por experiencia propia, que las sanciones sociales derivadas de los señalamientos públicos pueden ser incluso más destructivas que las consecuencias legales.
Respecto a los procedimientos dirigidos contra alcaldes emanados de Morena, como el caso de Cosamaloapan, prefirió no emitir una opinión de fondo al carecer del expediente técnico y conocer únicamente la información difundida en medios.
El legislador admitió que en torno a estos asuntos existe un ambiente con mucho ruido e intereses políticos, por lo que hizo un llamado a actuar con serenidad y permitir que las instituciones trabajen conforme a derecho.
Añadió que lo fundamental es que los servidores públicos involucrados permanezcan en sus encargos, dando la cara y atendiendo a la ciudadanía mientras las autoridades competentes desahogan los trámites correspondientes.
