*Y los van a meter al bote
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para tipificar el delito de “Explotación Financiera de Personas Mayores” en el Código Penal estatal y así castigar a quienes le quitan las pensiones a los abuelitos.
La diputada Estefanía Bastida Cuevas, dijo que se busca sancionar penalmente a toda persona que, con la intención de obtener un beneficio económico indebido, disponga, retire, transfiera, retenga o sustraiga dinero, apoyos gubernamentales, pensiones o bienes pertenecientes a un adulto mayor sin su consentimiento explícito y libre, ocasionándole un perjuicio en sus finanzas.
El proyecto contempla un tabulador de sanciones graduadas en función del daño económico provocado.
Las penas irán desde seis meses hasta dos años de prisión para afectaciones menores a las 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA); de dos a cuatro años de cárcel si el monto oscila entre las 150 y 500 UMA; y de tres a seis años de prisión cuando la afectación patrimonial supere las 500 UMA, acompañadas en todos los casos de sus respectivas multas económicas.
Asimismo, la iniciativa establece agravantes que incrementarán la pena hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un familiar, tutor, cuidador o persona encargada de la asistencia de la víctima que abuse de su posición de confianza.
Esta misma agravante se aplicará cuando el despojo afecte pensiones o apoyos públicos y ponga en riesgo la alimentación, salud, vivienda o cuidados esenciales del adulto mayor.
Bastida Cuevas aclaró que la medida no busca criminalizar la administración legítima de recursos ni la ayuda familiar de buena fe, distinguiendo con claridad el apoyo válido de aquellas conductas donde existe un apoderamiento ilícito o abusivo de los bienes.
Finalmente, la legisladora subrayó que la reforma reconoce la autonomía y capacidad jurídica de las personas de 60 años o más, evitando asumir su incapacidad solo por la edad.
La iniciativa estipula además que el delito se perseguirá de oficio e incluirá reglas para evitar la duplicidad de sanciones si la conducta amerita un castigo mayor por otro delito patrimonial.
