Por Noemí Valdez /Reportera de Notiver
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz encabezó a nivel nacional el monto de recursos públicos asignados a un grupo de cinco empresas proveedoras de material electoral investigadas por presuntas irregularidades, tráfico de influencias y posibles conflictos de interés vinculados a Alfredo Hernández Casillas.
*El Órgano Interno de Control del INE conocía desde mayo las posibles irregularidades detectadas en contratos del instituto, reveló su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras. La declaración pone en evidencia que el organismo ya tenía conocimiento de estos señalamientos meses antes de que se hicieran públicos.
Así lo reveló Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la Comisión de Vigilancia del Congreso Federal, quien compareció este viernes.
El funcionario electoral dijo que el conglomerado empresarial acumuló 2 mil 461 millones 75 mil 113.68 pesos en contratos otorgados por diversos órganos electorales del país entre 2014 y 2025.
Expuso que durante la gestión de Alejandro Bonilla Bonilla al frente del OPLE veracruzano, la entidad acaparó 303 millones 34 mil 103.36 pesos del total nacional, posicionándose por encima de Coahuila (273.8 MDP) y Oaxaca (270.7 MDP).
Este presupuesto se distribuyó principalmente entre tres firmas del mismo grupo: Formas Finas y Materiales recibió 161 millones 124 mil pesos en 2021; Cajas Graf obtuvo 141 millones 775 mil 200 pesos en 2018 para la entrega de paquetes electorales; y Corporativo ZEG sumó 134 mil 903.36 pesos.
A nivel general, Cajas Graf y Formas Finas y Materiales lideraron la captación de contratos a escala nacional con más de mil 72 y 815 millones de pesos, respectivamente.
El informe presentado ante los legisladores reveló una red cruzada de apoderados, accionistas y representantes legales entre las compañías involucradas, destacando figuras como Raymundo Francisco Hernández Casillas y José Alfredo Hernández Casillas.
En este entramado resalta la figura de Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE, quien previamente se desempeñó como representante legal de Cajas Graf y Corporativo ZEG.
Su paso de representante de empresas proveedoras a responsable directo de las contrataciones e inversión del instituto nacional generó cuestionamientos por presunta "puerta giratoria".
La mecánica de contratación descrita por el OIC evidenció un patrón de simulación de competencia en al menos 53 licitaciones donde las firmas actuaron en conjunto.
El proceso iniciaba en la investigación de mercado, donde dos empresas del grupo presentaban cotizaciones elevadas para inflar el costo de referencia.
Posteriormente, en el concurso formal, las ofertas más económicas de terceros eran descalificadas, mientras una de las empresas relacionadas presentaba una propuesta técnicamente deficiente para ser eliminada a propósito, dejando el camino libre a su filial para ganar la adjudicación a un precio elevado.
Finalmente, la auditoría expuso marcadas disparidades en el gasto por elector entre las distintas entidades del país.
Mientras que en las elecciones de 2021 la diferencia entre el costo mínimo y máximo por votante fue de 6.6 veces (de 5 a 38 pesos), para los comicios de 2024 la brecha escaló a 82 veces, fluctuando entre 1.06 y 88.39 pesos por elector.
Según las estimaciones presentadas por el titular del OIC, si todos los organismos electorales locales hubieran contratado los insumos al precio más bajo registrado en el mercado, se habrían generado ahorros superiores a los 3 mil millones de pesos sumando ambos procesos electorales.
