OTRO CLAN
*Los hijos de Rubén Rocha Moya han creado una carrera empresarial ligada a los cargos políticos de su padre, que suma ganancias cercanas a los 100 millones de pesos
CIUDAD DE MÉXICO.- Los hijos de Rubén Rocha Moya y sus cercanos han ganado unos 94 millones de pesos mientras su padre ha ostentado cargos de poder en Sinaloa.

Sea con empresas que están directamente a nombre de los vástagos, o a través de una red de personas, los Rocha Ruiz y su grupo se han beneficiado del erario desde hace más de 15 años, y cuando el papá llegó a la cabecera del gobierno estatal, el privilegio continuó.
En mayo de 2009, los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron la constructora Chocosa, y sólo ocho meses después de haberse creado obtuvo el primer contrato con la Secretaría de Obras de Sinaloa por un monto de 292 mil pesos.
El contrato fue para realizar un estudio de construcción de un tramo carretero, y el padre de los nuevos empresarios era el influyente jefe de asesores del gobernador priista Jesús Aguilar Padilla.
Al año siguiente, los hijos de Rocha recibieron otros contratos que sumaron un millón 403 mil pesos.
De 2013 a 2016, Rocha trabajó en el ISSSTE, y en 2017 regresó a Sinaloa a laborar en el nuevo gobierno priista de Quirino Ordaz Coppel, otra vez como jefe de asesores.
Y, de nuevo, Chocosa obtuvo cuatro contratos con la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa por 6 millones 781 mil pesos.
Esta información fue resultado de una investigación que realizó parte de este equipo de reporteros, llamada Operación Desfalco, publicada en 2019.
Entonces se documentó que, de enero de 2010 hasta mediados de 2018, la empresa Chocosa obtuvo 64 millones de pesos en contratos con el gobierno del estado y varios municipios.
Cuando se le preguntó a Rocha Moya sobre el posible conflicto de interés, dijo que no sabía nada al respecto:
“No tengo idea de a qué contratos y obras se refieren.
Mi puesto nada tenía que ver con contratación de obra, y terminantemente te digo, que si hubo las obras asignadas a Chocosa que tú refieres, para nada intervine yo”.
La expansión
Pero Chocosa no es la única empresa de los Rocha Ruiz.
Entre 2003 y 2016, los tres hijos hombres del gobernador con licencia fundaron, al menos, nueve compañías, en las que comparten acciones entre hermanos y amigos.
Con sus empresas, los Rocha Ruiz han incursionado en la construcción, comercialización, los servicios financieros, producción de productos agropecuarios, estudios de mercado y hasta la compra y venta y cría de ganado bovino, según consta en las actas constitutivas de las compañías.
Una de ellas, Grupo Rofcar, fundada por José Jesús, el hijo menor, empezó a recibir contratos públicos del gobierno de Sinaloa apenas dos meses después de que su padre asumiera la gubernatura.
En diciembre de 2021, la empresa comenzó a vender baterías y acumuladores de vehículos al Sistema DIF estatal, una dependencia que en ese momento era presidida de forma honorífica por su hermana Eneyda Rocha Ruiz.
Tan sólo durante 2022, el organismo realizó 30 contrataciones directas con la compañía familiar.Los negocios de Grupo Rofcar se extendieron a la Secretaría de Salud y a la Junta Municipal de Agua Potable de Culiacán (Japac) durante la administración municipal de Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado del gobernador con licencia.
Los contratos públicos también beneficiaron a los socios de Rocha Ruiz en Grupo Rofcar: José Carlos Cárdenas Mellado y Alejandro Félix Miranda.
Cárdenas Mellado era propietario de Frutas y Verduras de El Dorado, una compañía que entre 2021 y 2023 le vendió al Sistema DIF del estado 8.4 millones de pesos, a los servicios de salud le facturó 4.5 millones de pesos, y a la Secretaría de Educación, 5.9 millones de pesos.Durante 2023 vendió 106 toneladas de bolsas para basura al ayuntamiento de Culiacán por 6 millones de pesos.
En total, facturó unos 25 millones de pesos con la administración pública.
Cárdenas Mellado fue nombrado director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa en agosto de 2024 por el gobernador Rocha Moya, padre de su socio, y permaneció en el cargo hasta el 19 de octubre de 2026, cuando presentó su renuncia.
El otro socio, Alejandro Félix Miranda, aparece como representante legal de Grupo Rofcar y firmó los contratos públicos obtenidos por la compañía.
Además, entre 2022 y 2024 cobró, como persona física, unos 2.4 millones de pesos.
Los tres proveedores, Rocha Ruiz, Félix Miranda y Cárdenas Mellado no han tenido necesidad de competir.
De los 14 contratos y 547 órdenes de compra documentadas en este texto, sólo una es licitación pública, el resto son adjudicaciones directas.
En suma, los tres socios, de forma unida o separada, le vendieron al estado de Sinaloa y al municipio de Culiacán un total de 29 millones de pesos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024, durante los gobiernos de Rubén Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil.
Para este trabajo periodístico se realizaron decenas de solicitudes de información pública, iniciadas desde 2025 y dirigidas a las dependencias del gobierno estatal y a los 20 municipios de Sinaloa.
En algunas facturas emitidas por Frutas y Verduras de El Dorado también destacan productos de abarrotes con precios elevados.
Por ejemplo, un bote de avena en 760 pesos, un frasco de miel de abeja en 790 pesos o una pieza de gelatina en 540 pesos, entre otros.
Cárdenas Mellado se ha asociado en al menos tres ocasiones con Rocha Ruiz, el hijo menor del gobernador con licencia.
Instituciones omisas
A finales de mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Sinaloa presentó una propuesta de exhorto ante el Sistema Estatal Anticorrupción para investigar los contratos públicos otorgados a empresas vinculadas con los hijos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Sin embargo, la solicitud no prosperó porque los representantes de las instituciones anticorrupción se negaron a someterla a votación.
El documento solicitaba indagar en posibles conflictos de interés, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad, peculado, negociaciones ilícitas y otras faltas administrativas relacionadas con la adjudicación de contratos públicos a empresas de los familiares del mandatario.
Raquel Zapién, presidenta del CPC, relató a EL UNIVERSAL que la propuesta fue presentada ante los integrantes del Sistema Anticorrupción, conformado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Para que la solicitud tuviera validez debía incluirse en el orden del día, someterse a votación y obtener el respaldo de la mayoría.
De acuerdo con Zapién, los representantes de las instituciones se negaron incluso a darle lectura, por lo que el exhorto ni siquiera fue sometido a votación.
“Hasta ahorita no sabemos si le dieron seguimiento a este tema, así como la ciudadanía y todo México, seguimos esperando que se haga una investigación”, reclamó la presidenta del CPC.
La diputada local sinaloense Paola Gárate afirmó que las instituciones actuales en Sinaloa están cooptadas, por lo que es necesario que la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen la red de los Rocha Ruiz.
