*El Órgano de Administración Judicial (OAJ), del Poder Judicial de la Federación (PJF), derogó por completo las reglas para la evaluación de desempeño de personal que, desde el viernes pasado, provocaron protestas y cierre de juzgados y tribunales.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) eliminó por completo las reglas para evaluar el desempeño del personal del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de las protestas, cierres de juzgados y tribunales y el rechazo de trabajadores a los mecanismos planteados.
Editor86
Recientemente, en el Poder Judicial, se emitió un acuerdo que establecía las reglas para evaluar el desempeño de más de 32 mil trabajadores del Poder Judicial, entre ellos secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.
Sin embargo, las disposiciones de evaluación generaron inconformidad porque, a decir de los miembros del Poder Judicial, se contemplaban criterios que podían influir en la permanencia del personal en sus puestos.
Aunque inicialmente el organismo contemplaba modificar el acuerdo para atender las inconformidades, este lunes el OAJ decidió abrogarlo en su totalidad, después de una sesión extraordinaria.
Con ello, dejó sin efecto las disposiciones que habían generado el conflicto.
La determinación se produjo después de que el presidente del OAJ, Néstor Vargas, se reuniera el sábado con dirigentes sindicales del Poder Judicial y el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
En ese encuentro se acordó que las evaluaciones no tendrían fines punitivos ni podrían utilizarse para separar al personal de sus cargos; también se planteó eliminar los criterios subjetivos y cancelar las evaluaciones extraordinarias que jueces y magistrados podían solicitar para sus subordinados.
Presidente Hugo Aguilar en el Primer Informe como ministro presidente.
Pese a esos compromisos, al menos 50 juzgados y tribunales federales permanecieron cerrados o con acceso limitado este lunes en distintas instalaciones de la Ciudad de México, mientras algunas salas colegiadas realizaron sesiones de manera esporádica.
El OAJ justificó la eliminación del acuerdo bajo el argumento de que debía garantizarse el funcionamiento de la justicia.
Aunque si la justicia funcionara, quizá habrían permitido la evaluación de desempeño.
La abrogación también abre la posibilidad de que la evaluación termine sin aplicarse, como ocurrió con la primera Ley de Carrera Judicial impulsada en 2021 por el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar.
Aquella legislación también contemplaba evaluaciones como requisito de permanencia, pero su aplicación se postergó y terminó diluyéndose en disposiciones posteriores.
El acuerdo ahora eliminado ya había moderado el alcance de la evaluación, pues establecía una primera etapa diagnóstica para noviembre y diciembre de 2026, seguida de evaluaciones vinculantes a partir de 2027.
Además, contemplaba una segunda oportunidad para quienes no alcanzaran la calificación mínima de 60 puntos sobre 100.
Sin embargo en lugar de concretar una regulación que permitiera aplicar la evaluación con criterios claros y atender las objeciones de los trabajadores, el OAJ optó por eliminar todo el acuerdo.
La medida desactiva el conflicto inmediato, pero deja sin resolver cómo se cumplirá una disposición legal que busca evaluar el desempeño del personal judicial.
