*Con los comicios en puerta, el Congreso de la Unión se alista para aprobar con prisas la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum que busca posponer para 2028 la elección judicial y cumplir con los plazos que exige la ley para la entrada en vigor de las reformas electorales.
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto la puerta a una de las primeras grandes correcciones de la reforma judicial heredada del obradorismo.
Editor86
La mandataria ha presentado este lunes, a través de la recién nombrada consejera jurídica, Luisa María Alcalde, la radiografía de una iniciativa que busca aplazar de 2027 a 2028 la segunda elección popular de jueces, magistrados y ministros, además de rediseñar los mecanismos de selección de candidatos para evitar la repetición de las fallas observadas en el proceso de 2025.
La mandataria enviará la propuesta a la Cámara de Diputados con miras a que pueda ver la luz en un periodo extraordinario en el Congreso mexicano.
La iniciativa de reforma judicial ya tiene un tramo recorrido en la Cámara baja, donde es impulsada desde Morena y respaldada por sectores del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta parte de un diagnóstico incómodo para el oficialismo, según refieren fuentes consultadas por este periódico:
La elección judicial de 2025 dejó una participación ciudadana menor a la esperada, perfiles cuestionados por su escasa experiencia y un proceso de evaluación incapaz de filtrar adecuadamente a los aspirantes.
Lo que hace apenas unos meses era presentado como una transformación histórica del sistema de justicia, hoy es revisado por el propio bloque gobernante bajo la lógica de que la reforma necesita perfeccionarse.
El Gobierno de Sheinbaum ha decidido meter mano a la reforma judicial antes de que la maquinaria electoral vuelva a ponerse en marcha.
Apenas unos meses después de la accidentada implementación de la elección popular de jueces y magistrados, la iniciativa supone un reconocimiento implícito de las dificultades operativas y políticas que enfrentó el nuevo sistema judicial en su primer ensayo.
Con todo, la mandataria ha reducido la explicación sobre el motivo de los cambios, a un tema logístico.
“Lo que planteamos es la dificultad que iba a ser para el 2027 tener la elección constitucional para los poderes ejecutivo y legislativo de los estados y el federal; así como presidentes municipales y que [los electores] tengan que moverse a otra casilla”, ha dicho.
Además de esto, el oficialismo sostiene que el aplazamiento permitirá “mejorar los procedimientos”, homologar criterios de evaluación y evitar que las boletas vuelvan a convertirse en un galimatías para los votantes.
La iniciativa presentada este lunes tiene como antecedente la propuesta presentada por el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, cercano a la mandataria, quien semanas atrás presentó junto con otros legisladores oficialistas entre ellos el senador, Javier Corral, un proyecto prácticamente idéntico que ha tenido el respaldo del bloque oficialista.
El cambio central de la reforma radica en la fecha de la jornada electoral judicial.
El proceso programado originalmente para 2027 se celebrará -en caso de que la propuesta pase los filtros del Congreso- el 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local.
El proceso empatará con la consulta de revocación de mandato, programada para la misma fecha.
A partir de entonces, las elecciones judiciales volverán a concurrir con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036 para cubrir vacantes generadas en el Poder Judicial.
La segunda parte de la elección de impartidores de justicia no es menor.
Según el documento elaborado por la Consejería Jurídica, se renovarán cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito y 385 jueces de distrito.
A nivel local, el proceso abarcará 424 magistrados y más de 2.800 jueces en 25 Estados.
La Administración de Sheinbaum se ha puesto como derrotero utilizar el aplazamiento del proceso para rediseñar el mecanismo de selección de aspirantes.
Una de las principales novedades es la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes.
El nuevo órgano tendrá facultades para verificar que todos los aspirantes cumplan con los requisitos legales y, sobre todo, para homologar los criterios de evaluación y selección.
Morena busca extender estas nuevas reglas a los poderes judiciales estatales.
Los congresos locales tendrán que replicar los criterios federales, incluyendo comités de evaluación homologados, insaculación obligatoria de candidaturas y reducción de nombres en las boletas.
Entre las modificaciones adicionales destaca un cambio en el sistema de sustituciones.
Cuando un juez o magistrado deje el cargo por muerte, renuncia o destitución, ya no será reemplazado automáticamente por el segundo lugar de la elección, sino que la vacante permanecerá abierta hasta el siguiente proceso electoral.
El aplazamiento hasta 2028 tiene también un componente operativo.
El INE ha advertido que celebrar la elección judicial en paralelo con las elecciones intermedias de 2027 provocaría una saturación logística y presupuestal sin precedentes.
Ese año coincidirían la renovación de la Cámara de Diputados, gubernaturas, alcaldías y miles de cargos locales con la votación judicial, obligando a instalar doble número de casillas y multiplicar los costos de organización.
El organismo electoral calcula que la elección judicial podría costar hasta 8.000 millones de pesos si se realiza en 2027.
La presidenta Sheinbaum ha evitado presentar la iniciativa como una corrección de plana, sin embargo, el paquete de cambios confirma el viraje del oficialismo hacia una postura más pragmática tras las tensiones generadas por la primera elección judicial.
Después de meses defendiendo la reforma como un modelo histórico de democratización, la mandataria ha admitido con su propuesta que el sistema necesita ajustes profundos para evitar que la complejidad técnica termine erosionando la legitimidad del experimento más ambicioso del nuevo diseño institucional mexicano.
