*Expertos temen que la reciente consulta sea la señal más reciente del interés del mandatario en trasladar a infantes no acompañados al estado
El mes pasado, el director de una pequeña comisión estatal de Texas, encargada de brindar asistencia en defensa penal a texanos de bajos ingresos, recibió una solicitud inusual de altos funcionarios que trabajan con la administración Trump.
El Departamento de Justicia de EU necesitaba su ayuda para brindar servicios legales a niños inmigrantes en sus casos de deportación, declaró Scott Ehlers, director ejecutivo de la Comisión de Defensa de Indigentes del estado.
La primera llamada a Ehlers provino de altos funcionarios del fiscal general de Texas, Ken Paxton.
Posteriormente, James McHenry, jefe de audiencias administrativas del Departamento de Justicia, quien precedió brevemente a Pam Bondi como fiscal general interina de EU, se comunicó con él, confirmó Ehlers a The Texas Tribune.
Las llamadas causaron asombro en toda la agencia de Texas, no sólo por su procedencia, sino porque la extraordinaria solicitud de la administración Trump estaba completamente fuera de la experiencia y el ámbito de competencia de la comisión.
Ehlers les dijo a los funcionarios que no creía que la defensa de menores inmigrantes fuera legal bajo el mandato de su organización, que la Legislatura estatal creó explícitamente para la defensa penal hace más de una década.
Un portavoz del Departamento de Justicia, que prefirió permanecer en el anonimato, confirmó que funcionarios de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados (ORR), encargada del cuidado de los niños inmigrantes, solicitaron la asistencia de la Fiscalía General de Texas para representar a estos niños; sin embargo, consideraron que no podían hacerlo, por lo que recomendaron a la Comisión de Defensa de Indigentes de Texas que se hiciera cargo del proyecto.
El portavoz indicó que se le pidió al Departamento de Justicia que investigara la legalidad de la contratación con la comisión de Texas.
Se canalizarían fondos federales a Texas desde la ORR, pero dicha agencia no respondió a las preguntas adicionales sobre el contrato propuesto.
La solicitud surge en un momento en que la administración Trump busca eliminar las protecciones para los niños inmigrantes en múltiples frentes, incluyendo la amenaza de rescindir el contrato vigente, obligatorio a nivel federal, para la asistencia legal a menores que enfrentan la deportación.
El contrato temporal con el proveedor de servicios legales de larga trayectoria, el Centro Acacia para la Justicia, una organización nacional sin fines de lucro, vence este mes.
Al mismo tiempo, el gobierno ha cerrado abruptamente al menos 50 albergues federales que albergaban a niños inmigrantes en estados demócratas como Nueva York, Illinois y Michigan, incluso mientras contratistas federales en Texas anunciaban cientos de puestos de trabajo en albergues.
Abogados y defensores afirman que esto indica que pronto podrían recibir niños de otras partes del país, dado que actualmente a muy pocos se les permite cruzar la frontera.
Les preocupa que las llamadas de la administración a Texas sugieran un esfuerzo más amplio para trasladar a menores no acompañados a ese estado, desde donde es más fácil deportarlos rápidamente.
“Nos preocupa, al igual que a nuestros socios proveedores de servicios legales, un posible traslado de niños a Texas, donde no existe una supervisión independiente de las instalaciones y donde se encuentran lejos de muchos de los abogados con quienes los niños han forjado una relación de confianza”...
Declaró Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro Acacia, que tiene el contrato federal de supervisión para la representación legal de niños inmigrantes.
“Estamos a la espera del plan del gobierno para las decenas de miles de niños -incluidos más de 20 mil que actualmente reciben representación- que se benefician de los servicios de este contrato, muchos de los cuales se encuentran fuera de Texas”.
Emily Hilliard, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, que supervisa la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), afirmó que la administración continúa explorando “todas las vías disponibles” para ayudar a los niños a obtener representación legal para sus trámites migratorios.
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Los funcionarios de la agencia no respondieron a las preguntas sobre si se producirían dichos traslados.
Sin embargo, indicaron que muchos niños cruzaron inicialmente la frontera con México a través de Texas, donde existe capacidad suficiente para detener a los casi 2 mil menores que actualmente se encuentran bajo custodia estatal.
Los portavoces de Paxton y del gobernador Greg Abbott no respondieron a las preguntas detalladas sobre la participación del estado.
Esfuerzos para eliminarla protección a los menores
En el año 2000, el Congreso aprobó un proyecto de ley bipartidista que, entre otras cosas, exigía que el gobierno financiara algunos servicios legales para los niños que cruzan la frontera solos, basándose en la creencia generalizada de que los niños no deberían representarse a sí mismos en los procesos de deportación.
La demanda de financiación se volvió más urgente a partir de 2012, cuando cientos de miles de niños inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, comenzaron a cruzar la frontera de Texas buscando escapar de la violencia y la pobreza o reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
Debido a las leyes federales y los acuerdos judiciales destinados a proteger a los niños, durante años han sido uno de los grupos más difíciles de deportar rápidamente.
Desde que asumió el cargo el año pasado, los funcionarios de Trump han ido debilitando estas protecciones, dificultando, entre otras cosas, que los familiares obtengan a los niños bajo custodia, arrestándolos tras las visitas de control de bienestar y demandando para poner fin a un acuerdo federal de décadas que supervisaba los derechos de los niños bajo custodia.
Ahora, los niños permanecen meses en centros de detención federales, lo que ha generado un escrutinio por parte del Congreso.
