*Las aeronaves que se sacan a venta
*SEFIPLAN reporta que dinero se va a gastos contingentes no previstos
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Diputados de oposición cuestionaron la falta de transparencia respecto al destino de los recursos obtenidos por la venta de la flotilla de aeronaves del Gobierno del Estado.
Editor86
Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) solo ha señalado que el dinero ingresa formalmente a la Tesorería estatal y que es catalogado bajo el rubro de "productos", sin embargo en los registros trimestrales no aparecen esos ingresos.
La dependencia argumenta que, en cumplimiento con el Código Financiero de la entidad, los fondos captados se destinarán de manera prioritaria a la atención de gastos contingentes no previstos, así como al financiamiento de proyectos de inversión adicionales durante el resto del ejercicio fiscal.
Inicialmente, el Congreso de Veracruz autorizó la enajenación de nueve aeronaves que se encontraban resguardadas en diversos puntos del país, incluyendo el Hangar de Aero Servicios Especializados del Noreste en Apodaca, Nuevo León; el Hangar del Gobierno de Veracruz en el Aeropuerto "El Lencero" en Emiliano Zapata; y talleres especializados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Durante la primera ronda de subastas realizada tras la autorización del Congreso en abril de 2026, el Gobierno estatal concretó la venta de tres unidades.
Estas correspondieron a un avión Hawker Beechcraft King Air B200 adjudicado por 806 mil dólares, un avión Piper vendido en 310 mil 500 dólares y un helicóptero Airbus Helicopters adjudicado por 1 millón 650 mil dólares, sumando un total recaudado de 2 millones 766 mil 500 dólares.
A estas enajenaciones se suma la autorización aprobada este miércoles por la Legislatura local para la venta de una unidad adicional: un helicóptero Robinson R66, matrícula XC-LPG, modelo 2011, cuyo valor comercial se fijó en 398 mil 024 dólares.
De acuerdo con la SEFIPLAN, la decisión de desincorporar esta aeronave obedece a su limitada capacidad técnica y operativa para tareas de seguridad pública o atención de emergencias, y a que su reparación y reactivación resultaban técnicamente inviables y poco costeables para el erario público.
