Por FEDERICO GARCIA
Reportero de NOTIVER
Una operación de extorsión, robo de bases de datos y sabotaje comercial está detrás de los embates contra el desarrollo inmobiliario Mare Vera, los autores intelectuales de los probables ilícitos están identificados y son, Alejandro Guerrero Martínez, un ex funcionario del gobierno de Puebla, y Herminia Martínez Santos, ex colaboradora de la firma.
Editor86
A través de información proporcionada por fuentes de alta credibilidad se ha permitido corroborar mensajes privados que, ambos involucrados, enviaron a una persona que se rehusó a ser copartícipe de la extorsión, también, que los involucrados actuaron bajo un esquema elaborado para obtener beneficios de tipo económico a costa de desarrolladores y compradores de bienes raíces.
Los embates en contra de Mare Vera, de la Riviera Veracruzana, municipio de Alvarado, iniciaron cuando Alejandro Guerrero recurrió al vínculo familiar para coaccionar a una propietaria y moverla a interponer una denuncia que era claramente improcedente (por no ser del ámbito indicado) y, luego difundió el documento de manera pública, cuando aún se encontraba en fase de trámite.
“Alejandro Guerrero Martínez difundió una serie de rumores infundados con la clara intención de provocar daños a la imagen comercial del proyecto con el propósito de obtener una ganancia monetaria, por medio de la extorsión”, reporta la fuente.
Al hacer pública la denuncia, en etapa de trámite, intentó ejercer presión sobre el proyecto Mare Vera, sus socios, clientes actuales, prospectos y terceros no involucrados, pero sobre todo que tal difusión afectaría el curso del procedimiento legal, consideran especialistas en Derecho consultados en relación al asunto.
Y abundan que, hacer pública esa información, presupone la comisión de una serie de delitos en los que pudo incurrir Guerrero, como extorsión, intento de soborno y otros, además, en vía Civil, podría encuadrar el daño moral, tanto a Mare Vera como a terceros, además la divulgación de datos personales.
Guerrero Martínez ocupó diversos cargos públicos en el gobierno estatal de Puebla, incluso tuvo ligas o vínculos con exfuncionarios poblanos en prisión por casos de corrupción, causando baja de la administración estatal a finales del año 2025, al perder la protección política.
Al quedarse sin ingresos y fuera del servicio público, empezó a operar contra desarrolladores inmobiliarios bajo la modalidad conocida como el “zopilotaje contractual”, que consiste en presionar a compradores de bienes raíces para la rescisión de sus contratos de compra-venta.
Y, entonces, el autor de esta maniobra ilegal cobra por dos vías: exige al desarrollador una “cuota de protección” para frenar la campaña en su contra, o retener un porcentaje del reembolso entregado al cliente tras cancelar la operación.
El comprador pierde en ambos casos, especialmente en el segundo, al no hacer efectiva la plusvalía acumulada de su propiedad y terminar pagando un porcentaje al gestor.
En el esquema participaba también, según quedó al descubierto durante las investigaciones pertinentes, Herminia Martínez Santos, despedida de Mare Vera por violaciones reiteradas del contrato de prestación de servicios, pero quien antes de irse sustrajo una lista de contactos de clientes y prospectos de la empresa.
En venganza, se coludió con Guerrero Martínez para ampliar las mismas conjeturas infundadas entre los clientes y prospectos de Mare Vera, cuyos datos robó, para ofrecerles otros bienes raíces, yéndose a “medias” con los brokers formales.
La dama corrida utilizó la cartera de clientes sustraída para contactar a compradores, desacreditar los inmuebles que ella misma les había vendido previamente e intentar colocarles propiedades de otros desarrollos similares, sin contar con autorización de las empresas competidoras (intermediación no solicitada).
Ningún comprador accedió a cambiar de proyecto después de las llamadas, pero esas conductas de los señalados, que a todas luces configuran delitos, ya están integradas en un expediente que va a presentarse ante autoridades de la FGE vía denuncia, junto con todo el cúmulo de indicios, para que se procese penalmente a los responsables.
