*Esto es violatoria a la Ley de Austeridad, lo lograron funcionando salarios de dos dependencias
Por Rodrigo Barranco Déctor /NOTIVER
La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) opera con un esquema salarial que viola de manera directa la Ley de Austeridad de Veracruz: el procurador Ángel Carrizales López y la subprocuradora Ana Desiree Gilabert reciben sueldos netos superiores al de la gobernadora Rocío Nahle, pese a que la ley establece que ningún funcionario puede ganar más que la titular del Ejecutivo.
Información oficial de Transparencia confirma que Carrizales y Gilabert perciben 95 mil 384 pesos netos mensuales, equivalentes a 131 mil 816 pesos brutos, cifra que rebasa el salario autorizado para la gobernadora, fijado en 84 mil 750 pesos netos para 2026.
El tabulador estatal marca un tope de 66 mil 424 pesos para un director general, nivel equivalente al cargo del procurador, pero la PMA opera fuera de ese marco.
La maniobra que permite estos sueldos es la fusión administrativa de la nómina de la PMA con la del Aquarium de Veracruz, organismo bajo su control.
Con esa estructura, los salarios del procurador y la subprocuradora se pagan con ingresos del acuario, no con el tabulador estatal, lo que en los hechos burla la normatividad de austeridad.
Mientras los dos altos mandos cobran casi 100 mil pesos netos, trabajadores del Aquarium reportan percepciones de 9 mil pesos mensuales, incluso por debajo del salario mínimo vigente.
Organizaciones ambientales y laborales han señalado que la disparidad salarial es incompatible con la función pública y con el discurso oficial de austeridad.
El caso fue destapado por la organización Earth Mission quienes difundieron el Exel donde aparecen los montos, que luego fueron corroborados por diversos medios del estado.
Carrizales, exintegrante de la Ayudantía del presidente López Obrador y exdirector de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), ha sido respaldado públicamente por el gobierno estatal pese a cuestionamientos recientes por su manejo de contingencias ambientales, entre ellas el derrame de crudo en costas veracruzanas y la muerte de fauna marina durante la emergencia.
La PMA no ha ofrecido explicación técnica ni jurídica sobre la legalidad de los sueldos del procurador y la subprocuradora, ni sobre la razón por la cual se mantiene un esquema salarial que contradice la ley estatal y genera una brecha laboral dentro del propio organismo.
