Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
A casi diez semanas de que comenzara el arribo de crudo a las costas mexicanas, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto a comunidades indígenas y organizaciones civiles, denunció que las autoridades federales y Pemex están minimizando el impacto ecológico, social y de salud derivado del derrame ocurrido en febrero de 2026.
Los colectivos exigieron de manera inmediata la creación de planes de acción que no solo se limiten a la limpieza superficial, sino que incluyan la regeneración de ecosistemas y el análisis profundo de los daños a largo plazo.
Aunque el grupo interdisciplinario de atención al derrame aseguró el pasado 16 de marzo que las playas afectadas habían quedado "totalmente limpias", el monitoreo ciudadano revela una crisis persistente.
En un documento, señalaron que tras recorridos de inspección realizados en abril junto a la Profepa, se confirmó la presencia de hidrocarburos en 81 sitios, cubriendo una extensión de 1,168 km de litoral, desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.
La Red alertó que el crudo sigue recalando en las playas, impulsado por corrientes y eventos climáticos ("Nortes"), lo que sugiere que grandes cantidades de hidrocarburos permanecen en el fondo marino sin ser atendidas.
El impacto en la biodiversidad también persiste y a la fecha se reporta la muerte de 22 tortugas marinas y 4 delfines.
1 manatí, 2 pelícanos y numerosos peces sin vida.
"No basta con retirar lo que se ve a simple vista. Es urgente realizar estudios en sedimentos, agua y especies como peces y ostiones para determinar si el consumo humano es seguro", señalaron las organizaciones en su pronunciamiento.
En un amplio posicionamiento apuntaron que mientras que los sitios turísticos han sido priorizados, las comunidades rurales e indígenas han sido relegadas.
En al menos 16 localidades, la limpieza ha sido realizada exclusivamente por los habitantes, exponiéndose a riesgos de salud sin el equipo adecuado.
En el aspecto económico, las familias pesqueras reportan una parálisis en su actividad y una caída drástica en las ventas.
Las organizaciones calificaron como "insuficientes" las indemnizaciones de 15,000 pesos entregadas en zonas limitadas, señalando que no cubren el daño estructural ni consideran a las mujeres y personas no registradas en los padrones oficiales.
