*Quieren tumbar las reglas de la revocación de mandato
Por Noemí Valde
Reportera de Notiver
Este martes, Movimiento Ciudadano (MC) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para combatir la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia de revocación de mandato, contenida en el Decreto número 540, publicado el 28 de septiembre de 2026.
La demanda busca invalidar las modificaciones al inciso B de la fracción VI del artículo 15 de la Constitución local, al considerar que establecen restricciones que limitan el ejercicio de los derechos democráticos de la ciudadanía veracruzana.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida dentro del plazo legal de 30 días naturales por la dirigencia estatal del partido.
En el ámbito jurídico, la demanda presentada ante la SCJN desarrolla siete conceptos de invalidez con los que el partido busca demostrar la inconstitucionalidad del decreto.
Entre las principales violaciones señaladas se encuentra la falta de consulta previa a las comunidades indígenas y afromexicanas, al considerar que la reforma afecta sus condiciones de participación.
También se denuncia una posible transgresión al principio de progresividad de los derechos, debido a que el plazo para recabar firmas de apoyo se redujo de dos a un mes.
Asimismo, MC impugna los requisitos de distribución territorial de los apoyos ciudadanos, que, según sus estimaciones, obligarían a reunir aproximadamente 600 mil firmas —equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal estatal—, distribuidas en al menos 107 municipios.
La reforma exigiría, además, alcanzar en cada uno de ellos el respaldo del 3 por ciento de la lista nominal municipal, condición que el partido considera carente de sustento constitucional.
Otro de los argumentos cuestiona una posible violación a la prohibición constitucional de modificar normas electorales fundamentales dentro de los 90 días previos al inicio del proceso electoral.
La impugnación también señala la incorporación de un nuevo plazo de 180 días para expedir la legislación secundaria, pese a que, de acuerdo con el partido, el plazo original había vencido en mayo de 2022.
A ello se suman presuntas irregularidades en el procedimiento legislativo, entre ellas un retraso de 46 días en el cómputo y la declaratoria de aprobación por parte de los ayuntamientos, así como la falta de certeza jurídica derivada del uso de los términos “intención” y “solicitud”.
El partido sostiene que la revocación de mandato debe mantenerse como un mecanismo efectivo de participación ciudadana.
