*Del caso de los alcaldes de MC
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
“No voy a opinar hasta que lo diga la Fiscalía”, aseveró la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, al ser cuestionada sobre las solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra dos alcaldes de Movimiento Ciudadano (MC).
Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván de MC, es investigado por la desaparición de un empresario y su escolta, quienes fueron citados.https://t.co/LSXpWjNAX2
— NOTIVER (@NOTIVER) July 23, 2026
En su gira por la zona sur del estado, medios de comunicación cuestionaron a la mandataria por la postura de dirigencia estatal de MC quien acusó a su administración de emprender una persecución política en contra de sus ediles utilizando al organismo procurador de justicia.
Este jueves la representación de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz exigió el cese de la persecución política y demandó que el organismo procurador de justicia actúe con autonomía y apego a la ley.
El partido señaló que mientras las investigaciones por homicidios, desaparición de personas y agresiones a periodistas avanzan con lentitud, las instituciones responden con celeridad cuando se trata de actuar contra opositores.
Recientemente la FGE solicitó formalmente al Congreso del Estado el inicio del procedimiento de juicio de procedencia (desafuero) contra el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y el de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, por su presunta responsabilidad en diversos hechos delictivos.
La petición ya fue notificada a ambos funcionarios.
Hasta el momento, ninguno de los munícipes se ha pronunciado públicamente al respecto; sin embargo, tienen como plazo hasta el próximo martes 28 de julio para presentar sus alegatos e instrumentos defensivos ante la comisión dictaminadora del Congreso local.
En el caso de Raúl González Martínez, edil de Ixhuatlán del Sureste, la solicitud de desafuero deriva de su presunta vinculación en el secuestro y posterior homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, originaria de Nanchital, quien fue privada de la libertad por un comando armado el pasado 2 de junio.
La FGE señala que el alcalde habría ordenado el plagio, aunque dicha responsabilidad no ha sido comprobada formalmente por las autoridades.
Este señalamiento ocurre tras una serie de disputas públicas que el munícipe sostuvo con funcionarias de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a quienes acusó de politizar la entrega de apoyos en su municipio, episodio en el que también protagonizó un altercado verbal con la subsecretaria Eusebia Cortés.
