*Pero entra en vigor en el 2030
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Por mayoría de votos, el pleno del Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional clave que prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales y ediles, además de establecer restricciones estrictas para evitar que los familiares de las personas en funciones contiendan por los mismos espacios de poder.

Con 36 votos a favor por parte de Morena y sus partidos aliados, este dictamen busca armonizar la legislación estatal con la reforma a la Constitución Federal en materia de no reelección y nepotismo electoral, la cual fue publicada el 1 de abril de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.
Las nuevas reglas del juego político entrarán en vigor formalmente a partir del año 2030.
La modificación al artículo 21 constitucional determina que las personas diputadas locales no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior a su mandato.
En el caso de las diputaciones suplentes, estas solo podrán ser electas como propietarias si no han ejercido el cargo, mientras que los propietarios no podrán registrarse como suplentes en la elección siguiente.
Una lógica similar se aplicará para los ediles en los ayuntamientos, impidiendo que los alcaldes, síndicos y regidores propietarios se postulen como suplentes para el periodo inmediato posterior.

En cuanto al combate al nepotismo, la reforma establece nuevas causales de inelegibilidad que impiden las candidaturas de personas que mantengan o hayan mantenido, durante los tres años anteriores a la elección, vínculos de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco con quienes ocupen cargos públicos.
Estas restricciones abarcan el parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado, el colateral hasta el cuarto grado (como tíos, primos o sobrinos) y por afinidad hasta el segundo grado (como suegros o cuñados), aplicando directamente para las aspiraciones a la gubernatura, diputaciones y cargos municipales.
Durante la discusión en tribuna, los defensores de la reforma, representados por los diputados Diego Castañeda Aburto de Morena y Carlos Marcelo Ruiz Sánchez del PVEM, afirmaron que estas medidas garantizan la equidad en las contiendas y eliminan los cacicazgos.
Aseguraron que con esto se evitará que los cargos se transmitan de manera casi hereditaria, asegurando a los ciudadanos que en las boletas electorales ya no aparecerán los mismos apellidos de siempre y que el acceso al poder dependerá del mérito y no de los lazos familiares.
Por el contrario, los partidos de oposición rechazaron el dictamen al considerarlo violatorio de los derechos humanos y del derecho constitucional a ser votado.
La diputada panista Montserrat Ortega Ruiz señaló que la reforma castiga injustamente a las familias y advirtió que podría derivar en violencia política en razón de género cuando se cuestione a las mujeres por su parentesco con algún político.
Asimismo, el diputado independiente Héctor Yunes Landa criticó los vacíos legales del dictamen, señalando como un error que se impida la participación de familiares incluso si militan en partidos políticos distintos, además de advertir que la ley está diseñada para que la reelección aún pueda aplicarse en los comicios de 2027 antes de su prohibición total en 2030.
