*Les mandaron citatorios a Pacho
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz denunció que son victimas de persecución judicial por parte del gobierno del estado, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García, en respuesta a las movilizaciones sociales programadas para exigir atención a demandas de obra pública y servicios básicos.
A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, al Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Gobernación federal, la organización detalló que el pasado viernes 17 de septiembre se notificó judicialmente a sus dirigentes históricos en la entidad Samuel Aguirre Ochoa, Minerva Salcedo Baca y Miguel Bastián Sierra.
Los líderes fueron citados a comparecer el próximo martes 22 de septiembre en los juzgados penales de Pacho Viejo para la imputación de delitos y vinculación a proceso, fecha que coincide de forma exacta con la marcha masiva que la agrupación tenía prevista hacia el Palacio de Gobierno en Xalapa.
"Por la naturaleza de las notificaciones y su coincidencia exacta con la fecha de la movilización, no tenemos duda de que se trata de la respuesta represiva e intimidatoria del gobierno estatal, que en lugar de ofrecer diálogo y solución a las decenas de solicitudes [...] ha decidido fabricar expedientes judiciales contra sus líderes", señaló la dirigencia antorchista.
Según la organización, desde el inicio de la administración actual se han entregado peticiones de obras y servicios ante dependencias como la SEV, SIOP, CAEV, Patrimonio del Estado, Invivienda y SEDARPA, sin recibir soluciones concretas.
Tras movilizaciones realizadas en mayo y junio pasados, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, indicó que la gobernadora era la única facultada para dar respuesta.
Sin embargo, tras dos meses de espera, la audiencia solicitada no ha sido otorgada.
La agrupación señaló que la fabricación de expedientes y la emisión de citatorios judiciales representan una violación a los artículos 8° y 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales garantizan los derechos de petición, organización y libre manifestación.
A la par de la acción penal contra sus líderes, el Movimiento Antorchista alertó sobre una amenaza de desalojo programada para el próximo 16 de octubre en contra de decenas de familias de la colonia Margarita Morán en Xalapa, en la cual se contempla el uso de la fuerza pública estatal.
Ante este panorama, la organización advirtió que escalarán sus protestas a nivel federal.
