* Por su alta investidura
* Por el tema de las votaciones en penales
XALAPA, Ver. (De la corresponsalia”. “Por respeto la alta investidura del señor Gobernador y ya no haré más pronunciamientos”.
Con esas palabras, Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, dijo que no hará mayor pronunciamiento ante la polémica desatada por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Luego de que el mandatario lo descalificó y acusó de “mañoso” y “caprichoso” y de querer de vulnerar la seguridad en los penales porque la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) se niega a firmar un convenio para que personas que están privadas de su libertad y que no han sido sentenciadas emitan su voto.
Editor86
Extraoficialmente se sabe que la negativa obedece a que en los penales estatales existen varios “presos políticos” a los que se les quiere impedir emitir su voto contra MORENA.
Visiblemente enojado, García Jiménez se lanzó contra el funcionario a quien descalificó pese a que representa al máximo árbitro electoral.
Datos del INE revelaron que, en el 2024, cerca de 93,000 personas en prisión, en todo el país, podrán votar para elegir a presidente de la República y en aquellas entidades que tengan legislado este ejercicio, se incluirán además los cargos locales.
El voto será de forma anticipada entre el 6 al 20 de mayo de 2024, previo a la elección del 2 de junio, en la que estarán en juego además de la Presidencia de la República, el Congreso federal, así como ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre cerca de 20,000 cargos de elección popular.
Quienes participen serán incluidos en la lista nominal de electores, pero no se les entregará la credencial para votar físicamente.
Además, que el penal donde se encuentren será considerado como su domicilio, previa inscripción ante el INE, que deberá incluirlos en el padrón electoral.
El INE señala que esta medida “contribuye a la promoción, respeto, protección y garantía de derecho al voto de las personas en prisión preventiva” y, en consecuencia, asegura, se fortalece el ejercicio a sus derechos humanos.
En febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal concluyó que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, porque se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia, por lo que ordenó al INE realizar una prueba piloto en 2021, con miras a su implementación en el 2024, pero se requiere un convenio entre la SSP y las autoridades electorales.
