*Empezaron con Cui y siguen con Nahle
*Del Río, Tito, Winckler...
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Organizaciones de abogados, defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles han denunciado que en Veracruz la prisión preventiva y el uso del aparato de justicia se ha usado como herramienta de persecución política.
Esto ha derivado en detenciones arbitrarias y procesos penales iniciados en contra de opositores, exfuncionarios, periodistas y jueces, en un contexto de judicialización del ámbito político.
Durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, la lista de políticos y figuras públicas encarceladas cobró relevancia nacional.
Entre los casos más emblemáticos destacaron los de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado; Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno y dirigente perredista; Tito Delfín Cano, exdirigente estatal del PAN; así como exservidores públicos como el exfiscal general Jorge Winckler Ortiz y la excomisionada del IVAI, Yolli García Álvarez.
El encarcelamiento de autoridades electas como Pasiano Rueda Seco (alcalde electo de Jesús Carranza) y Fabián Cárdenas Sosa (alcalde electo de Lerdo de Tejada), sumado a la persecución de la exalcaldesa Viridiana Bretón Feito, la exdiputada Azucena Rodríguez, el exlegislador Erick Iván Aguilar López y el líder sindical Ramón Ortiz Cisneros, reflejó una severa crisis institucional.
Un punto crítico en este periodo fue la criminalización de la sociedad mediante la figura del delito de "ultrajes a la autoridad", figura tipificada por la legislatura local que sirvió como argumento legal para encarcelar a más de 600 personas antes de ser invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La detención e investigación en contra de la exjueza Angélica Sánchez Hernández evidenció este tipo de prácticas.
Recientemente fue absuelta de los cargos.
En la era de Rocío Nahle, se procedió contra el periodista Rafael León Segovia, acusado del grave delito de terrorismo, lo que genera una preocupante alerta respecto a las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos humanos en la entidad.
Recientemente el Congreso de Veracruz inició el procedimiento de declaración de procedencia contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano, tras recibir las solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro de investigaciones penales en su contra.
Los involucrados ha señalado que se trata de un asunto político.
