*Aun no conocen el expediente completo
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Los diputados locales no actúan como ministerio público ni determinan culpabilidades, remarcó el legislador Ramón Díaz Ávila, secretario de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, al precisar que la función de la representación popular se limita a revisar las pruebas e integrar el dictamen respecto a las solicitudes de desafuero presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de dos alcaldes del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Van por el alcaldes de MC en Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galvánhttps://t.co/WJdFm5crcR
— NOTIVER (@NOTIVER) July 22, 2026
Al respecto, dijo que será a mediados de agosto del año en curso cuando el pleno de la Legislatura someta a votación el juicio de procedencia contra los ediles Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván.
“No somos Fiscalía para decir si tienen culpa o no. Nuestra responsabilidad es revisar lo que ellos declaren, porque ellos conocerán el expediente y después tendrán que contestar a la comisión”, subrayó el diputado del Partido del Trabajo (PT).
Díaz Ávila admitió que la celeridad con la que se ha atendido el procedimiento obedece al impacto público de los hechos ocurridos en el sur de la entidad.
Explicó que el caso de Ixhuatlán del Sureste cobró relevancia nacional tras la privación de la libertad de una reportera en su domicilio, cuyo cuerpo fue localizado posteriormente en el municipio de Moloacán.
Respecto al munícipe de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, el legislador señaló de manera preliminar que la indagatoria de la FGE estaría vinculada con el hallazgo de restos humanos en dicho territorio municipal.
A pesar del avance formal del trámite, el secretario de la Comisión Instructora aclaró que los integrantes del órgano colegiado aún no conocen a fondo el expediente ni los fundamentos específicos argumentados por la FGE.
Una vez notificados, los ediles involucrados tendrán la oportunidad de conocer los señalamientos e integrar su defensa legal.
“Analizaremos sus respuestas y todo; después tenemos otros 10 días para que ellos comparezcan o lo hagan sus abogados”, concluyó el legislador, al reiterar que el pronunciamiento del Congreso se ajustará estrictamente al debido proceso y a los plazos legales establecidos.
