*Ni el crédito les dan…
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La diputada local Monserrat Ortega acusó a su homóloga del partido MORENA, Dorheny García Cayetano, de plagiar una iniciativa de su autoría y de carecer de ética legislativa al no reconocer el trabajo previo.
Durante el debate, la congresista externó su molestia desde la tribuna de manera enérgica al apuntar que no es la primera vez que ocurre esto; señaló que, mientras ellos proponen iniciativas, su compañera las “manda a la congeladora” para después presentar la misma propuesta bajo su propio nombre.
"Lo peor —dijo— es que no se reconoce ni se da crédito a las aportaciones que previamente se hacen".
"Yo le pido a la comisión que sea la última vez que no nada más usan el plagio, sino que además no tienen la decencia de citar los antecedentes legislativos. Eso es una ofensa para el Congreso de Veracruz y qué bueno que se aprueban estas iniciativas, pero qué triste que toda la vida repita lo mismo".
Pese al reclamo por el presunto plagio, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el Dictamen con el que se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Electoral del estado.
Con esto, el Congreso de Veracruz ajustó su marco jurídico a las reformas de las constituciones federal y estatal para reforzar los principios de austeridad, racionalidad del gasto, paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en los poderes públicos.
Se establece que la integración del Congreso deberá observar los principios de paridad e igualdad de género.
Asimismo, su presupuesto anual no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos del Estado.
En los ayuntamientos se reconfiguró el número de ediles según la población.
Los municipios de más de 250 mil habitantes tendrán 13 ediles; los de más de 400 mil tendrán 15; y aquellos con más de 750 mil habitantes contarán con hasta 17 ediles.
Tambien se consideró que las remuneraciones de consejeros, magistrados electorales y titulares del OPLE y del Tribunal Electoral no podrán rebasar el límite del artículo 127 constitucional.
Además, se les prohíbe contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos mayores, de vida, pensiones privadas o cajas de ahorro especiales.
