*Uos son ex funcionarios estatales, otros trabajan en el OPLE Veracruz, todos bajo la lupa de ASF y de la UIF
Por Rodrigo Barranco Déctor/NOTIVER
Un total de seis funcionarios y ex servidores públicos de origen veracruzano se encuentran bajo investigación penal y administrativa por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al ser identificados como piezas clave en el millonario escándalo de corrupción, conflicto de interés y lavado de dinero que provocó la dimisión de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala.
Editor86
Las indagatorias federales investigan una red delictiva presuntamente dedicada a simular competencia en licitaciones públicas y triangular recursos presupuestales hacia un monopolio de empresas fachada y firmas satélites controladas por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
El mecanismo, que presumen operaba mediante el control de áreas estratégicas de finanzas y asuntos jurídicos para otorgar adjudicaciones directas amañadas a corporativos de los cuales los propios funcionarios eran socios o apoderados, no solo sospechan que desvió fondos a nivel central, sino que piensan replicó el mismo método de saqueo en las elecciones locales del estado de Veracruz, lo que mantiene bajo el escrutinio a la cúpula del organismo electoral de la entidad.
El desglose de los implicados inicia en la estructura centralizada del árbitro electoral federal con Jesús Octavio García González, originario de Xalapa y ex encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE.
Las auditorías federales documentan que García González modificó de forma ilegal las bases de licitación para la producción de materiales y credenciales de elector con el fin de beneficiar a Corporativo Zeg, consorcio del cual fue apoderado legal y representante directo, incurriendo en un ejercicio abusivo de funciones al asignar contratos millonarios a empresas vinculadas con sus propios familiares consanguíneos.
En el plano de la validación normativa, las autoridades federales procedieron en contra de Juan Manuel Vázquez Barajas, quien se desempeñó como consejero del OPLE Veracruz en el periodo de 2015 a 2021 y posteriormente asumió la conducción de la Dirección Jurídica del INE nacional.
Los expedientes de fiscalización señalan que Vázquez Barajas fue el encargado de avalar la legalidad de los convenios de adjudicación directa con empresas de la red, como Comercializadora JVLY, eludiendo deliberadamente los candados de competencia y otorgando el blindaje institucional necesario para el flujo de los recursos observados.
La articulación de los acuerdos y la colocación de perfiles afines en la estructura estuvo a cargo de Pedro Pablo Chirinos Benítez, abogado veracruzano que presumen operaba como enlace político en las negociaciones territoriales.
A este diseño se sumó presuntamente la participación de Emma Patricia García Rodríguez, quien fungió como contralora interna de los Servicios de Salud de Veracruz hasta febrero de 2025; tras dejar el gobierno estatal, fue integrada a la Dirección de Recursos Financieros del INE, posición desde la cual, de acuerdo con las pesquisas de la UIF, facilitó la dispersión presupuestal y agilizó los trámites de pago hacia las cuentas bancarias del conglomerado de proveedores bajo investigación.
El impacto de este esquema financiero en el ámbito local también involucra directamente a los mandos del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, donde se detectaron contratos con firmas como Cajas Graf, Corporativo Zeg y Seriplast de México por montos superiores a los 100 millones de pesos.
El principal implicado en la entidad es Luis Fernando Reyes Rocha, actual secretario ejecutivo del OPLE Veracruz, quien aparece en los registros corporativos como presunto apoderado legal de Cajas Graf S.A.
de C.V., una de las proveedoras más beneficiadas; ante el avance de las indagatorias penales, el funcionario promovió una denuncia ante la Fiscalía General de la República acusando la falsificación de su firma en los contratos locales para deslindarse de la red.
Finalmente, la investigación federal alcanza a Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del OPLE Veracruz, quien en su calidad de representante legal del organismo local fue requerida formalmente por la Auditoría Superior de la Federación.
Delgadillo Morales deberá responder por la aprobación, firma y ejecución de los convenios estatales celebrados con el consorcio de los hermanos Hernández Casillas, en un expediente judicial que escaló de irregularidades administrativas a cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, y que mantiene congeladas decenas de cuentas bancarias en el entorno electoral.
