* Del 2018 a la fecha, el Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A.C. ha localizado un total de 871 edictos de remate, los que corresponden a igual número de juicios hipotecarios promovidos por distintas instituciones bancarias y particulares
AVC/Verónica Huerta
XALAPA, Ver.- En los últimos seis años, crecieron los juicios hipotecarios promovidos por distintas instituciones bancarias y agiotistas para llevar a cabo los desalojos de propietarios que por la carente economía quedaron endeudados con los préstamos, señaló la presidenta del Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A.C., Teresa Carbajal.
Expuso que, del 2018 a la fecha, el Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A.C. ha localizado un total de 871 edictos de remate, los que corresponden a igual número de juicios hipotecarios promovidos por distintas instituciones como HSBC, SCOTIABANK, BBVA, BANAMEX, FOVISSSTE e INFONAVIT y particulares o agiotistas.
“Es grave esta situación, pues en muchos casos se llega a los desalojos porque las familias, ya endeudadas, no tienen medios para conseguir una defensa legal justa que les permita solventar sus deudas sin perder su patrimonio. Peor aún, conocemos de casos en que los afectados no tenían conocimiento de un proceso legal encaminado a despojarlos de sus bienes” dijo.
Alertó a los ciudadanos estar atentos, porque hay remates de casas que afectan a personas que nunca fueron llamadas a juicio.
“Llevaron la notificación a una dirección dónde no era, o no se cumplieron las formalidades cómo entregar una copia de la demanda al demandado y no se le dio la oportunidad de defenderse adecuadamente dentro del proceso judicial. Es una violencia del acreedor que busca que el deudor no se entere que tiene un crédito en moratoria” dijo la presidenta del Barzón.
Detalló que la zona más preocupante en el estado, es la ciudad de Veracruz, que acumula 511 edictos; en segundo lugar, está Xalapa con 198 casos detectados por el Barzón; seguida de Boca del Río con 21; Emiliano Zapata con 15 y Poza Rica con 14 casos.
El resto de los juicios de desalojo se distribuyen en los municipios de: Tlacotalpan, Rafael Lucio, Perote, Coatzintla, Minatitlán, Tlapacoyan, Cardel, Banderilla, Coatzacoalcos, Orizaba, Ixhuatlancillo, Coatepec y Córdoba.
Teresa Carbajal dijo que las deudas promedio son entre 1 millón a 5 millones de pesos que no pudieron pagar las personas y ahora los bancos promueven los juicios para desalojarlos de sus casas, ranchos, o edificios que hipotecaron a cambio de un préstamo monetario.
Consideró que las familias no han podido pagar los créditos adquiridos porque hay un aumento en precios de la canasta básica, servicios y combustibles, y esto ha forzado a las familias veracruzanas a priorizar algunos gastos y dejar otros como pendientes.
“Tal es el caso del pago de la vivienda que ha generado un alto número de juicios hipotecarios, muchos de ellos en etapas avanzadas que podrían significar más desalojos en el estado” señaló.
La presidenta del Barzón hizo un llamado urgente a las autoridades federales, a los legisladores y al Poder Judicial a vigilar las condiciones de los créditos que han llevado a cientos de familias a arriesgar innecesaria e injustamente su patrimonio.
De igual manera invitó a las personas que se encuentren en esta situación, a acudir al Barzón de Resistencia Civil Estado de Veracruz A.C. para revisar el avance de los juicios e intervenir para evitar los despojos.
Explicó que el Barzón se dio cuenta de estos abusos, porque tiene una campaña permanente mediante el monitoreo de medios de comunicación y la Gaceta Oficial del Estado para conocer el estado de los juicios, y es así como se enteran de los edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Aclaró que hay redes de agiotistas o instituciones bancarias que en muchos casos cómo acreedores no acuden a tribunales para el desahogo de sus procesos, y aplican otras medidas para el despojo de quienes se encuentran en situación de impago.
“En esta problemática se reúnen otros aspectos delicados como el abuso de redes de agiotistas, financieras no reguladas o grupos criminales que operan promoviendo que las familias se sobreendeuden para quitarles su patrimonio mediante contratos o créditos no vigilados por la autoridad”, finalizó.
