DE UN EMPRESARIO Y SU ESCOLTA
*Edil enfrenta proceso de desafuero tras petición de la FGE para que se le retire el fuero y pueda ser investigado sin inmunidad procesal
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
El presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, es señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta vinculación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, Ignacio López.
El edil enfrenta un proceso de desafuero luego de que la FGE pidiera que se le retire el fuero constitucional para que el edil pueda ser investigado sin inmunidad procesal.
De acuerdo a la acusación, el empresario y su acompañante fueron vistos por última vez el pasado 14 de mayo, cuando se dirigieron a una propiedad del munícipe ubicada en Barra de Chachalacas.
Antes de llegar al encuentro, Ramos Sánchez advirtió a su pareja que el alcalde lo había citado en dicho inmueble con la intención de presentarle a un sujeto señalado como "jefe de plaza".
Entre las principales pruebas recabadas por la FGE se encuentra el análisis de geolocalización telefónica, el cual ubica los celulares del empresario, su escolta y el edil en la misma zona durante cerca de tres horas.
Asimismo, la FGE dijo que cámaras de seguridad registraron el ingreso de la camioneta de las víctimas a la propiedad, sin que exista evidencia en video de que los hombres o el vehículo hayan salido del lugar.
A esto se suma el testimonio de un familiar, quien afirmó que Bravo Montero le solicitó la factura de la camioneta días después de la desaparición.
Bravo Montero ya fue notificado formalmente sobre el procedimiento en su contra y tiene hasta el 28 de julio para responder a los señalamientos, presentar pruebas de descargo o comparecer ante la Comisión Instructora.
Tras evaluar los alegatos, la comisión elaborará un dictamen para definir si propone al Pleno del Congreso la revocación de la inmunidad procesal.
Cabe destacar que una eventual aprobación del desafuero no determinaría la responsabilidad penal del alcalde, sino que únicamente facultaría a la FGE para que procediera en su contra.
