CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 denunciaron que han sido criminalizados al ser retenidos en la caseta de Tlalpan previo a su movilización mensual, como lo han hecho 141 meses, en su exigencia por la localización de sus hijos y el castigo a los responsables de los hechos.
El 8 de junio pasado, en una revisión de esa naturaleza, supuestamente se localizaron 59 artefactos explosivos en uno de los camiones en los que viajaban normalistas, motivo por el cual durante una semana se impidió el acceso a los padres y madres, que durante la semana de inauguración de la Copa Mundial de Futbol, pretendían llevar a cabo movilizaciones.
La marcha por las calles de la Ciudad de México que como cada mes, hace una pausa en el Antimonumento +43, donde los padres y madres hacen un pase de lista de los estudiantes, hasta culminar con una manifestación en el Hemiciclo a Juárez, estuvo antecedida del amago de revisión de los tres autobuses con perros adiestrados en la detección de explosivos.
En los vehículos viajaban familiares de los jóvenes desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, que los acompañaban.
En la caseta de Tlalpan, cientos de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Ciudad de México (Cdemx) bloquearon la circulación de los autobuses provenientes de Ayotzinapa, Guerrero, argumentando que “por protocolo de seguridad nacional” los vehículos tenían que ser minuciosamente revisados, requerimiento al que se opusieron los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Los padres y madres de los 43 normalistas rechazaron la exigencia de las autoridades, se negaron a abrir las puertas de los vehículos y las cajuelas.
Para respaldar el requerimiento de los policías, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla y la directora de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos, Claudia Galindo, acudieron a la caseta de Tlalpan, y trataron de convencer infructuosamente a los padres de los jóvenes desaparecidos.
Después de hora y media, en que los familiares de las víctimas rechazaron la revisión policial que se redujo a la inspección de perros policía fuera de los vehículos cerrados, los padres y madres de los estudiantes, así como los normalistas que los acompañaban, superaron el retén policiaco para realizar las actividades que cada mes realizan en la capital del país desde hace más de once años.
“Aquí seguimos y seguiremos, gritaremos lo que tengamos que gritar y denunciaremos lo que tengamos que denunciar, porque no tenemos a nuestros hijos, porque fue el Estado y sigue siendo el Estado”...
Expresó Hilda Hernández, madre de Cesar Manuel González Hernández, al hacer el pase de lista de los 43 estudiantes desaparecidos y exigir justicia para los asesinados y lesionados la trágica noche del 26 de septiembre de 2014.
Al llegar al Hemiciclo a Juárez, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, reprobó la “criminalización” de los padres y madres de los 43 a las madres buscadora, y recordó a la presidenta Claudia Sheinbaum que las movilizaciones que realizan cada año se deben a “los nulos avances de la investigación”.
Tras sostener que los responsables de la investigación han manifestado una “incapacidad” para resolver la desaparición de los normalistas, Navarrete emplazó a la presidenta Sheinbaum a que:
“Exija, como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, verdad, entrega de los folios al Ejército, que sí existen y que tienen que ser entregados para analizar toda la información que pueda tener ahí”.
Navarrete también acusó a la mandataria de “proteger” a presuntos involucrados, por lo que exigió que “investigue igualmente al secretario Omar García Harfuch”, pero que hasta ahora “defiende a lo indefectible”.
E entrevista, Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representa a los padres y madres de los 43, denunció las autoridades capitalinas avaladas por funcionarios de la Secretaría de Gobernación, argumentaron que por ser un “protocolo de seguridad nacional” los autobuses en los que viajaban los manifestantes tendrían que ser revisados.
“Les dijimos que eso no podía ser. ¿Cómo van a invadir la privacidad de los padres y madres en los autobuses?
Si tuvieran una orden judicial, está bien, porque hay un mandato judicial, porque para que el juez autorice invadir la privacidad de un vehículo, una casa con una especie de cateo, la autoridad que investiga tiene que justificar por qué el 8 de junio dijeron que según recibieron una denuncia anónima, ahora sólo un protocolo de seguridad nacional, eso no es posible al menos que haya sospecha razonable”, señaló Vicario Aguilar.
El abogado señaló que en los funcionarios no pudieron justificar sus razones para revisar los autobuses, sobre todo porque desde hace 141 meses, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y sus compañeros, realizan una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
Para el abogado, la intentona de los policías capitalinos y los funcionarios de la Segob para revisar los autobuses “no tiene congruencia” con las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de que mantiene cercanía con los familiares de personas desaparecidas.
“Lo que hemos dicho con los padres y madres, que una cosa es el discurso, pero muchas veces el discurso no coincide con los hechos de las autoridades, si la presidenta dice que recibe a los padres y madres ¿cómo es que ahora no les permiten ingresar a la ciudad?
“Les están violentando varios derechos, el derecho al libre tránsito, a manifestarse, el derecho de la libertad de expresión y otros más incluso hasta el derecho de acceder a la justicia, porque estas actividades van encaminadas a que las investigaciones avancen para que se llegue a la verdad, la justicia para los padres es encontrar a los 43, tener la información por lo menos del paradero”, sostuvo Isidoro Vicario Aguilar.
