Por Andrés Timoteo
ZARPAZO DE HIDALGO
En una entrevista concedida el miércoles a un noticiario de Radio Fórmula, José Yunes Zorrilla, candidato aliancista a la gubernatura, tocó un punto clave en su narrativa del latrocinio cometido por la administración cuitlahuista y que deberá atender forzosamente con la Fiscalía si llega a sentarse en el sillón gubernamental.
“Si de corrupción hablamos -le dijo a la periodista Azucena Uresti-, nada más que vean lo que está pasando en el gobierno del estado, lo que hace la Procuraduría del Medio Ambiente que es una extorsionadora de empresarios”.
Exacto. Más allá de los negocios fabulosos y transas descaradas de Eleazar Guerrero y Elio Hernández, primo y cuñado de Cuitláhuac García, en las secretarías de Finanzas e Infraestructura, o las de Jorge Sisniega en Salud, las de Sergio Rodríguez Cortés en la procuraduría ambiental son de antología.
Los mismos empleados de la dependencia están asombrados. Nunca se había robado tanto, dicen a la vez que coinciden que la mayor parte del botín se lo lleva soterradamente la familia García Jiménez, aunque un porcentaje importante -se habla de millones de pesos- se lo queda el mendocino. Es su ‘comisión’ por robar para el jefe.
Eso durante los cinco años anteriores pues en este 2024 ya está aplicando un megazarpazo de Hidalgo – por aquello del último año de gobierno cuando los rateros gritan: ¡Chingue su madre el que deje algo!- llamado “Certificación de Empresa Verde y Responsable”.
Se trata de una especie de norma-permiso que se inventó Rodríguez Cortés para obligar a las empresas con domicilio fiscal o actividad económica en el estado a inscribirse en un padrón y cederle información confidencial, entre ellas la fiscal y de capital invertido, que le faciliten el ‘cobro de piso’ .
“La intención es firmar un convenio voluntario con las empresas, en el que se comprometan a cumplir con las normas ambientales establecidas en Veracruz”, declaró Rodríguez en enero pasado. -Eso de “voluntario” significa a fuerza-.
HASTA EL ÚLTIMO DÍA
¿Y qué tipo de información exige?
Chequen el dato: copia constitutiva del acta de la empresa -para conocer a los dueños o sea a las víctimas del asalto- y constancia de situación fiscal -para saber cuánto es su capital y cuánto facturan para determinar el monto del atraco-.
También la ubicación de los sitios de actividad económica establecidos en el estado ¡con coordenadas geográficas! -para montarles inspecciones y clausuras cuando se resistan al a la extorsión-.
Seguramente Rodríguez Cortés debe estar pidiendo hasta una ubicación GPS para mandarles a sus ‘moto-ratones’. Risas.
La lista de los empresarios a extorsionar la gestiona un tal Pedro Ocampo Trujillo, ‘consultor ambiental’ designado para ese negocio.
Y lo que confirma la tarascada del Año de Hidalgo es la especificación en la convocatoria que dice:
“El proceso de certificación incluye la concertación de una cita con la Procuraduría y tendrá una duración hasta noviembre de 2024, firmando convenio entre la empresa y la PMA”.
¿Qué significa?
Si el primero de diciembre se acaba el sexenio, que Rodríguez Cortés robará hasta el último día de noviembre.
De acuerdo al INEGI, hasta noviembre del 2023 Veracruz tenía registradas 329 mil 979 empresas y de ellas al menos 50 mil cuentan con un capital destacable.
¿Se imaginan cuánto expoliará el procurador cuitlahuista tan solo con multar a unas 500?
Haciendo la estimación de uno a diez millones por cada una, en atención a la cuota que ha venido aplicando desde el 2020, sacaría un botín de entre 500 y 5 mil millones de pesos.
¡Lo equivalente a ocho veces el presupuesto de esa dependencia para el 2024 y cuatro veces el de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas!
De ese tamaño es el atraco.
CANDIDATO A PACHO
La estimación no es algarete pues desde el 2020 se ventilaron quejas de varios inversores -supermercados, cines, restaurantes y otros- a los que Rodríguez les impuso ‘cobro de piso’ bajo amenaza de clausura.
Recuerden que el corporativo Walmart denunció que le había exigido 10 millones de pesos por cada tienda.
En octubre pasado, el presidente de Coparmex en Jalapa, Juan Carlos Díaz, también denunció extorsiones a varias compañías con la misma táctica: pagao o se atienen a auditorías y clausuras.
La queja llegó hasta el mandatario Andrés Manuel López Obrador quien ordenó investigar el caso, pero ni local ni federalmente se procedió contra el extorsionador Rodríguez.
Al contrario, a nivel estatal le dieron licencia para robar lo más que pueda en este Año de Hidalgo.
De ahí el consejo que ya corre de ‘boca a oreja’ entre los empresarios para que no firmen ningún acuerdo con la PMA ni acepten ninguna certificación y en cambio documenten todo -grabando en voz y video si es posible- a los ‘auditores ambientales’ porque eso serán pruebas cuando llegue el nuevo gobierno y procedan las denuncias penales.
Si Yunes Zorrilla pretende honrar su palabra de castigar las corruptelas del cuitlahuato, en Sergio Rodríguez, el operador financiero de la familia García Jiménez, tiene a un candidato obligatorio a Pacho Viejo.
*Envoyé depuis Paris, France.
