*Rastrean empresas inmobiliarias y agencias de publicidad
*SEFIPLAN denunció ante la FGE y la FGR posibles delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
Por Alba Alemán
Reportera de NOTIVER
XALAPA, Ver.- Recursos por alrededor de 280 millones de pesos relacionados con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) fueron transferidos a través de inmobiliarias y agencias de publicidad antes de llegar a profesores y trabajadores, detectó la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
El secretario de Finanzas, Miguel Reyes Hernández, informó que por estas operaciones el Gobierno de Veracruz presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), por posibles delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con el funcionario, los recursos eran administrados por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente (EDAL), A.C., asociación que participaba en el manejo de recursos de la UPAV.
La revisión de las operaciones permitió identificar que el dinero no siempre llegaba directamente a quienes prestaban servicios para la universidad, sino que era transferido entre distintas empresas antes de utilizarse para cubrir pagos.
Reyes Hernández explicó que uno de los mecanismos detectados consistía en que los recursos recibidos por la fundación eran enviados a una inmobiliaria, posteriormente a otra empresa y finalmente a una agencia de publicidad, desde donde se realizaba el pago a profesores.
“Una persona que trabajaba en UPAV, le pagaban a través de una agencia de publicidad con honorarios, su concepto era pago de publicidad”, ejemplificó.
El funcionario señaló que esta situación deberá ser investigada por las autoridades ministeriales para determinar el origen y destino de los recursos, así como establecer si existieron delitos y quiénes serían los responsables.
Según lo expuesto por el secretario, la forma en que se realizaban los pagos también permitía que los trabajadores y docentes no tuvieran una relación laboral directa con la universidad.
Esto habría evitado para la UPAV la generación de determinadas obligaciones laborales, entre ellas el reconocimiento de antigüedad, al utilizar empresas ajenas a la institución para realizar los pagos.
“Es una red, digamos, de complejidad, efectivamente, que se está o se debe investigar”, sostuvo.
Reyes Hernández evitó señalar nombres de posibles responsables o afirmar que la totalidad de los recursos involucrados constituye un monto ilícito, pues recalcó que serán las fiscalías las encargadas de investigar y determinar si se cometieron delitos.
“Nosotros ya cumplimos con lo que corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación”, afirmó.
Precisó que se presentaron dos denuncias, una ante la Fiscalía estatal y otra ante la Fiscalía federal, relacionadas con las operaciones detectadas.
