*El Robinson que SEFIPLAN pretende subastar
*No está clara su legítima propiedad
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La enajenación onerosa del helicóptero Robinson R66 - matrícula XC-LPG, serie 0063, modelo 2011- —aprobada por el Congreso de Veracruz enfrenta graves cuestionamientos de legalidad, certeza patrimonial y vacíos documentales que obligan a detener su venta hasta esclarecer su legítima propiedad.
El dinero ingresa a la Tesorería estatal y es catalogado bajo el rubro de "productos", sin embargo en los registros trimestrales no aparecen esos ingresos. https://t.co/2WpEevGRCz
— NOTIVER (@NOTIVER) October 25, 2026
Especialistas en derecho administrativo y aeronáutico recomiendaron a la SEFIPLAN y a las instancias involucradas frenar la ejecución de la subasta hasta exhibir públicamente la factura original.
Expertos refirieron que la cadena de custodia del Fondo de Bienes Recuperados (FOBIRE) revisada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) señala que ni la SEFIPLAN ni las autoridades competentes aportaron documentación fehaciente que acreditara el origen o los medios legales por los cuales el Gobierno obtuvo o recuperó el Robinson 66 y un Lear Jet 45XR en 2018.
Posteriormente el ORFIS determinó que no podían considerarse “legalmente recuperados” en dicho periodo, asentando la anomalía bajo la clave LP-017/2018/003 como no solventada ante la insuficiencia de pruebas presentadas por funcionarios y exfuncionarios.
Expertos señalaron que la autorización legislativa “no sanea por sí sola vicios de origen ni crea propiedad sobre un bien ajeno”.
Con un valor comercial fijado en 398 mil 024.24 dólares americanos, el helicóptero Robinson R66, matrícula XC-LPG, modelo 2011, propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz, será puesto a la venta mediante subasta pública, una decisión que generó cuestionamientos de diputados de oposición por la falta de información sobre el avalúo, el procedimiento de enajenación y el destino de los recursos.
De acuerdo con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la decisión de vender la aeronave responde a su antigüedad, a la limitada capacidad técnica y operativa que le impide cumplir con las tareas de seguridad pública o atención de emergencias, así como a que su reparación y reactivación no resultan costeables para el erario.
Según el dictamen técnico presentado por las autoridades estatales, mantener operativa la aeronave requeriría una inversión inmediata de cinco millones de pesos: tres millones para la inspección mayor de su motor Rolls-Royce, una vez que acumule 28 horas adicionales de vuelo, y otros dos millones para actualizar el sistema de aviónica ADS-B OUT.
Bajo el argumento de la austeridad presupuestal, la Comisión Permanente de Hacienda del Estado concluyó que no resulta económicamente viable continuar invirtiendo en refacciones y mantenimiento.
