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¡TEME POR SU VIDA! - EMPRESARIA DE XALAPA

"Temo por mi vida y por la de mi familia" indicó la empresaria xalapeña Rosa María Martínez López quien denuncio que desde hace más de cuatro años enfrenta un conflicto por un predio ubicado en la comunidad de El Chico...

¡TEME POR SU VIDA! - EMPRESARIA DE XALAPA

*Denuncia amenazas y presunto intento de despojo

*Acusa uso de patrullas, drones e influencias políticas

Por Alba Alemán
Reportera de NOTIVER

Xalapa, Ver.- "Temo por mi vida y por la de mi familia" indicó la empresaria xalapeña Rosa María Martínez López quien denuncio que desde hace más de cuatro años enfrenta un conflicto por un predio ubicado en la comunidad de El Chico, municipio de Emiliano Zapata, el cual, aseguró, ha escalado hasta incluir amenazas, vigilancia y el presunto uso de influencias de funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Veracruz.

En conferencia de prensa, sostuvo que decidió romper el silencio después de que, según su versión, en días recientes patrullas estatales, personas encapuchadas y drones se presentaron en las inmediaciones de su domicilio, situación que consideró un acto de intimidación.

La empresaria afirmó que incluso ha solicitado medidas de protección y promovido denuncias penales, al considerar que existen riesgos para ella y sus familiares.

Martínez López señaló directamente a Ivette Orozco Lara como la persona que pretende despojarla del inmueble y aseguró que durante el conflicto presumía contar con respaldo de personajes vinculados al Gobierno estatal.

Según dijo, Orozco Lara trabajó en distintas administraciones, desde el gobierno de Javier Duarte hasta el de Rocío Nahle, cuando ocupó un cargo en la Secretaría de Turismo.

Agregó que desconoce si actualmente continúa en el servicio público.

Asimismo, afirmó que durante las conversaciones relacionadas con el litigio, Orozco Lara mencionaba nombres de funcionarios y exfuncionarios que, según ella, podían intervenir a su favor.

Entre ellos citó al exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; a Enrique Nachón García; Edgar Spinoso Carrera y al actual secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil
La empresaria precisó que esos señalamientos forman parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado desde 2023, por lo que pidió que se investigue si existió algún tipo de protección institucional.

"Siempre hablaba de las influencias que tenía. Yo sólo pido que se investigue y que nadie esté por encima de la ley", expresó.

Martínez López informó que la denuncia presentada contra Ivette Orozco incluye los presuntos delitos de fraude, abuso de confianza, falsedad ante la autoridad, uso de documento falso y amenazas.

También rechazó las publicaciones en redes sociales donde se le relaciona con un supuesto "cártel inmobiliario", al asegurar que se trata de una campaña para desacreditarla en medio del litigio.

"Quieren involucrarme en un tema que no tiene nada que ver con mi caso. Yo compré legalmente ese terreno y cuento con escrituras, comprobantes de pago y toda la documentación que acredita la propiedad", sostuvo.

Explicó que el conflicto surgió después de que el terreno le fue entregado por Antonio Hernández Basurto como pago de una deuda familiar.

Posteriormente realizó diversas construcciones e inversiones en el predio, hasta que Ivette Orozco promovió acciones legales argumentando desconocer esa operación.

Como parte de los hechos que denunció, relató que el pasado 20 de julio varias patrullas permanecieron alrededor de 45 minutos frente a su domicilio mientras drones sobrevolaban la propiedad y personas encapuchadas permanecían en el lugar.

Aseguró que en ese momento dentro de la vivienda se encontraban su madre, una adulta mayor, su nieta y otros integrantes de su familia, quienes permanecieron encerrados por temor.

"Nos dijeron que iban a hacer un cateo. Llamé al 911 y nadie llegó", relató.

La empresaria afirmó que cuenta con videos del despliegue y que ya solicitó información para conocer quién ordenó la presencia de las unidades policiales, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta.

Finalmente, pidió a la gobernadora Rocío Nahle García que el caso sea investigado y que se esclarezca si hubo intervención de servidores públicos en un conflicto que, dijo, debe resolverse únicamente por la vía legal.