*Para proyectos de agua y saneamiento
Por FEDERICO GARCIA
Reportero de NOTIVER
El gobierno municipal de Veracruz informó que la ciudad de Veracruz dejará de percibir 62.2 millones de pesos que se asignarían del Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS), de la CONAGUA, ya que Grupo MAS, filial de la española Acciona, se negó a participar y aportar la contraparte requerida.
Los recursos federales serían destinados para proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, esto en el Programa de Estímulos de Agua y Saneamiento (PEAS) de la CONAGUA, cuya aplicación requería una cantidad igual como contraparte de la concesionaria.
Con la aportación de Grupo MAS, la bolsa de recursos para Veracruz habría alcanzado 124.4 millones de pesos, inversión que podría destinarse a distintas necesidades de infraestructura, como la conclusión, equipamiento y puesta en servicio de la planta de tratamiento Olmeca, ubicada junto a la Laguna Real, entre otras obras de saneamiento.
El Ayuntamiento de Veracruz, que encabeza la presidenta municipal Rosa María Hernández Espejo, gestionó, a través del Instituto Metropolitano del Agua (IMA), ante la CONAGUA, la inclusión del municipio en el programa, con el propósito de acceder a recursos que permitieran atender necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento en beneficio de la población.
La planta Olmeca es ejemplo de lo que podría impulsarse con una inversión de esa magnitud, pues su conclusión permitiría avanzar en el saneamiento de la Laguna Real y ampliar la atención de aguas residuales en Floresta, Flores del Valle, López Mateos y Luis Echeverría.
Sin embargo, Grupo MAS, filial del corporativo español ACCIONA, rechazó participar en el PEAS mediante el oficio GMAS-IMA-AC-0279-26, en el que informó al IMA que no suscribiría convenio o documento alguno derivado del programa y que tampoco se sumará a convenios equivalentes en los ejercicios fiscales posteriores.
Grupo MAS mantiene desde el año 2015 la concesión del servicio de agua y saneamiento, cuyo título contempla un compromiso de inversión superior a siete mil millones de pesos durante los 30 años de vigencia, sin que cumpla con esos compromisos por lo que el Ayuntamiento mantiene la exigencia de que la concesionaria cumpla con sus responsabilidades.
