TRAS PROTESTAS
(AVC) La Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA) informó que la ampliación del puerto cuenta con una autorización ambiental condicionada y un programa de monitoreo de arrecifes y sedimentos que contempla detener las obras cuando se rebasen los umbrales establecidos.
Editor86
El reporte responde a inquietudes ciudadanas sobre los posibles efectos del proyecto en el arrecife La Gallega.
La Secretaría de Marina, a través de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios y de ASIPONA Veracruz, detalló las medidas de protección y seguimiento del proyecto denominado “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.
El 9 de julio de 2026, ASIPONA notificó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el inicio de las actividades de construcción de la segunda fase.
La autorización ambiental fue emitida por Semarnat el 30 de diciembre de 2022, mediante el resolutivo SRA/DGIRA/DG-06257-22, que permitió de manera condicionada el desarrollo y la ejecución del proyecto.
Ese resolutivo se emitió después de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en febrero de 2022, que ordenó reevaluar integralmente los impactos ambientales de la ampliación portuaria.
La autorización establece obligaciones de prevención, control, mitigación y compensación ambiental.
Para atenderlas, ASIPONA desarrolla programas de monitoreo, restauración, vigilancia y seguimiento que abarcan los arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y otros ecosistemas de la zona de influencia del proyecto.
Entre las acciones se encuentra la revisión de las condiciones físicas, químicas y biológicas de los arrecifes durante las temporadas de secas, lluvias y nortes.
También opera un programa de monitoreo en tiempo real de la distribución de sedimentos en el recinto del nuevo puerto y las zonas arrecifales aledañas.
Según el informe, este incorpora un sistema de semaforización que contempla suspender las actividades de obra si se superan los umbrales establecidos.
El Programa Integral de Restauración Ecológica comprende la conservación y el monitoreo de corales, el seguimiento del arrecife El Rincón, la evaluación de pastos marinos y el monitoreo de tortugas.
Incluye además la vigilancia del agua, la flora y la fauna de 18 lagunas interdunarias, así como la producción de plantas preferentemente nativas en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.
Como medida de compensación, contempla la implementación de 35 hectáreas de arrecifes artificiales destinadas a la restauración, el turismo y la pesca.
De acuerdo con ASIPONA, estas acciones fueron previamente avaladas por la administración del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (CONANP/PNSAV) y se integran en informes de seguimiento entregados a las autoridades ambientales.
La Secretaría de Marina reconoció las inquietudes ciudadanas sobre La Gallega y señaló la importancia de acompañar el seguimiento ambiental con información clara y oportuna que favorezca la transparencia y el diálogo con la población.
El 25 de octubre, ciudadanos y organizaciones ambientalistas se manifestaron en Veracruz para exigir a la Secretaría de Marina detener la construcción del rompeolas oriente por las afectaciones que denunciaron al arrecife La Gallega.
La protesta fue precedida por convocatorias del Corredor Arrecifal del Golfo, que señaló el depósito de toneladas de roca sobre la base del arrecife como parte de la ampliación portuaria.
Los colectivos reclamaron suspender los trabajos y revisar sus impactos ambientales, al considerar que comprometen un ecosistema del que dependen distintas actividades del litoral veracruzano.
Entre los daños denunciados, los ambientalistas señalaron el riesgo de sepultamiento del arrecife por la acumulación de sedimentos generados por el depósito de materiales.
Advirtieron que ese proceso podría afectar la supervivencia de los organismos marinos y alterar el equilibrio del ecosistema.
También sostuvieron que las consecuencias podrían extenderse a la pesca, el turismo y la protección costera, con repercusiones para las familias cuyo sustento depende del mar.
En su pronunciamiento, calificaron los trabajos como un ecocidio y afirmaron que existen estudios científicos que advierten sobre los riesgos de sedimentación.
Las organizaciones también exigieron revisar los permisos ambientales y el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2022, al sostener que los trabajos continúan pese a una suspensión judicial.
Entre sus peticiones incluyeron una investigación de Semarnat sobre las autorizaciones y los posibles daños, así como un informe del juez encargado de evaluar el cumplimiento de la resolución.
Además, reclamaron garantizar la participación ciudadana en las decisiones sobre la ampliación del puerto y esclarecer las condiciones bajo las cuales se desarrollan las obras alrededor de La Gallega.
