*Gobernadores en turno manosean todo
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) se ubica en el fondo nacional en materia de autonomía e independencia institucional.
Con una calificación de apenas 33.3%, la entidad comparte el nivel más bajo entre los organismos constitucionales autónomos del país junto con Chihuahua y Durango, revelando una estructura sumamente vulnerable a las presiones y a la injerencia directa del Poder Ejecutivo estatal.
El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, elaborado por la organización Impunidad Cero - que mide la resistencia institucional de las 32 fiscalías a través de tres ejes: designación, remoción y estabilidad en el cargo—, la FGE opera en la práctica como una oficina subordinada al Gobierno del Estado.
Este resultado aleja a la institución del espíritu de la reforma constitucional de 2014, la cual buscaba garantizar imparcialidad, patrimonio propio y distancia de la administración en turno.
El informe califica la situación de Veracruz como "particularmente alarmante" debido al severo retroceso en su marco legal.
En noviembre de 2025, el Congreso local aprobó una reforma constitucional que otorgó al gobernador la facultad de designar y remover libremente a la persona titular de la fiscalía.
Esta medida desmanteló los contrapesos normativos existentes, eliminando la exigencia de un proceso riguroso de selección y la necesidad de un juicio o calificación de causa grave por parte de un órgano colegiado antes de una destitución.
A nivel nacional, el estudio demuestra que la independencia de las fiscalías no es uniforme.
Mientras que Coahuila y Michoacán alcanzan el puntaje máximo del 100% gracias a procesos de selección equilibrados y blindaje contra la remoción arbitraria, seguidos por Querétaro y Tamaulipas con 88.9%, Veracruz retrocede al sótano de la tabla.
Únicamente Baja California Sur e Hidalgo obtienen un porcentaje menor (0%), debido a que aún conservan la figura de procuradurías dependientes del Ejecutivo.
En los tres ejes evaluados, la Fiscalía de Veracruz muestra deficiencias estructurales críticas.
En el proceso de designación, el nombramiento queda supeditado al criterio de la administración entrante; en el de remoción, carece de candados legales que protejan al titular frente a presiones políticas; y en el de estabilidad, la falta de garantías propicia la rotación o salida anticipada de los fiscales antes de concluir su periodo.
Esta combinación convierte al fiscal en un colaborador político del gabinete y no en un servidor técnico de la ley.
El análisis concluye que la falta de autonomía efectiva en entidades como Veracruz frena el combate a la delincuencia y propicia el uso político de la justicia.
Para revertir esta condición, se recomienda reformar el sistema para blindar los procesos de destitución contra decisiones unilaterales del Ejecutivo y establecer mecanismos de rendición de cuentas vinculantes, donde la permanencia del fiscal dependa exclusivamente de sus resultados en la reducción de la impunidad.
