*Pide MC respeto al debido proceso, la presunción de inocencia
*En desafuero contra ediles naranjas
*Y se sostiene firme en cuanto al cumplimiento a la ley
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La diputada local Elena Córdova Molina, emanada del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado, fijó su postura respecto a la solicitud de juicio de procedencia presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los alcaldes electos de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván: Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, respectivamente.
La congresista dijo que MC se sostiene firme en cuanto al cumplimiento de la ley, pero advirtió que no permitirán el uso político de las instituciones de procuración de justicia.
"Lo único que pedimos es algo muy sencillo: que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y que cada investigación se sostenga en pruebas, no en especulaciones. Confío en que la justicia debe investigar hechos, no perseguir adversarios (…). Nadie está por encima de la ley. Si existen elementos para investigar a cualquier persona, que las autoridades hagan su trabajo, pero que lo hagan con responsabilidad, con imparcialidad y con absoluto apego a la ley", sostuvo la legisladora.
Córdova Molina expresó su preocupación sobre un posible sesgo en las acciones ministeriales y hizo un llamado a garantizar la imparcialidad del proceso.
"Nos preocupa y por eso hacemos un llamado muy respetuoso: que la justicia no se utilice como una herramienta para perseguir a la oposición o para obtener ventajas políticas. Nosotros no vamos a defender la impunidad, pero tampoco vamos a aceptar que se fabriquen delitos, que se condene a las personas desde los medios de comunicación o que la Fiscalía pueda ser utilizada con fines políticos", enfatizó.
Remarcó que la certidumbre en las instituciones depende de la correcta aplicación del marco normativo y exigió el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de los señalados.
Cabe mencionar que, tras ser notificados formalmente, los alcaldes cuentan con un plazo de siete días hábiles —el cual vence el próximo martes— para presentar su defensa por escrito o comparecer directamente ante la Comisión Instructora.
Una vez que concluya dicho plazo, la Comisión Instructora fijará la fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a fin de continuar con la integración de los expedientes.
Posteriormente, la comisión evaluará la documentación y los argumentos presentados para determinar si existen elementos suficientes que justifiquen el avance del procedimiento.
De ser así, se emitirá un dictamen que será turnado al Pleno del Congreso para su votación.
