Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La Coordinación Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, dirigida por Luis Carbonell de la Hoz, condenó el asesinato de la regidora única de Texhuacan, Juana Tzanahua Gálvez, y de su esposo, el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidato a la alcaldía, Gervacio Hernández Mellado, quienes fueron atacados en una emboscada con armas de fuego este sábado.
“Desde esta fuerza política enviamos nuestras sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus familias, amistades, seres queridos y a la militancia priista ante este lamentable crimen”.
Para MC este ataque armado no puede ser visto como un hecho aislado, sino como el reflejo de una problemática grave y sostenida que amenaza la gobernabilidad y la participación democrática en nuestra entidad.
Señaló que de acuerdo con los registros del proyecto Votar entre Balas, elaborado por la organización Data Cívica, Veracruz acumula un total de 282 episodios de violencia político-criminal desde el año 2018, lo que representa una de las cifras históricas más altas entre las entidades analizadas a nivel nacional.
“Las cifras recientes confirman que la situación persiste con severidad en la entidad. Veracruz se mantiene dentro de los seis estados del país con mayores índices de violencia político-criminal”.
Ante este panorama, Movimiento Ciudadano exige al Gobierno del Estado de Veracruz, así como a la Fiscalía General del Estado y a las instancias de seguridad pública, una investigación inmediata, objetiva y expedita que permita esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales.
“La impunidad no puede seguir siendo la respuesta frente a las agresiones contra quienes ejercen cargos públicos o participan en la vida política de sus municipios. Asimismo, hacemos un llamado urgente a las autoridades estatales para reforzar la estrategia de seguridad y garantizar condiciones de paz en Texhuacan y en todas las regiones de Veracruz. La protección de la integridad física de las autoridades municipales, los actores políticos y la ciudadanía en general debe ser una prioridad irrenunciable para salvaguardar el Estado de derecho en la entidad” concluyó el comunicado.
