*Por eso les hicieron observaciones millonarias
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Ni la experiencia adquirida ni el inminente cierre de sus gestiones evitaron que las y los exalcaldes de Veracruz incurrieran en severas irregularidades financieras durante su último año de mandato.
Pese a encontrarse en la etapa final de sus administraciones, los exediles mostraron una total falta de rigor en la comprobación del gasto público, derivando en un presunto daño patrimonial que superó los 2 mil 703 millones de pesos en la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con el Informe General del Resultado presentado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el 85 por ciento de los ayuntamientos del estado —es decir, 181 de los 211 municipios auditados— reprobaron la revisión técnica y financiera al incurrir en anomalías graves en el manejo de los recursos públicos.
Lejos de consolidar una entrega-recepción transparente y ordenada, la fase final de los gobiernos municipales estuvo marcada por opacidad, obras inconclusas y vacíos comprobatorios.
Entre las inconsistencias más severas atribuidas a las gestiones salientes destacan el ocultamiento y la desorganización de cuentas bancarias no registradas en la contabilidad, la cancelación injustificada de saldos y la omisión sistemática en los procesos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios.
A esto se suma la dispersión de apoyos sociales y donaciones sin comprobación física ni padrones de beneficiarios, así como la falta de pago y enteramiento de impuestos retenidos a la Federación y al Estado.
El desorden administrativo del último año también se reflejó con fuerza en la ejecución de la obra pública municipal.
El ente auditor documentó proyectos inconclusos o sin operar, deficiencias en la calidad de la construcción, pagos en exceso por conceptos no ejecutados y obras realizadas fuera de los límites territoriales de los municipios o en predios cuya propiedad no logró ser acreditada.
Tras la entrega del informe al Congreso del Estado, los exservidores públicos omisos deberán enfrentar los procedimientos administrativos correspondientes o, en su caso, las denuncias penales que promueva el ORFIS ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
