*Se pretende violentar la labor de los medios y el ejercicio periodístico
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dijo que “la verdad no se impone” al alertar sobre los graves riesgos que podrían representar para la libertad de expresión, la libertad religiosa y la independencia editorial diversos aspectos del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, normativa que se encuentra actualmente sometida a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
A través de un pronunciamiento oficial firmado por Monseñor Ramón Castro Castro, y el Secretario General, Monseñor Héctor M. Pérez Villarreal, la cúpula católica sostuvo que la verdad no se decreta ni se impone por la fuerza, sino que se busca y se reconoce libremente dentro de un debate plural.
“La libertad de expresión es pilar fundamental del orden democrático. Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas. La veracidad que legítimamente se exige a la información periodística es un deber de diligencia: contrastar, verificar, distinguir el hecho de la opinión, rectificar el error. Es cosa distinta de la verdad de las convicciones, que no admite verificación administrativa ni sanción, y cuya calificación por el Estado sería, en sí misma, incompatible con la libertad de conciencia. La verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”.
En el mensaje, los prelados recalcaron que cuando el Estado renuncia a decidir qué es verdadero y se limita a garantizar las condiciones para que todos puedan expresarse, protege verdaderamente la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos de los ciudadanos.
Entre sus principales preocupaciones, el Episcopado resaltó la amenaza que supone facultar a una autoridad administrativa para calificar contenidos como falsos o descontextualizados.
Advirtieron que imponer criterios oficiales de veracidad sujetos a sanciones resulta totalmente incompatible con el sistema democrático constitucional y con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, vulnerando la labor de los medios y el ejercicio periodístico.
De igual manera, la Iglesia alertó sobre el impacto directo que estos lineamientos tendrían en la independencia editorial y la libertad de fe.
En el documento explicaron que el proyecto autoriza a la autoridad a revisar y validar los Códigos de Ética de las empresas de comunicación e intervenir en los fallos de los defensores de audiencia, lo que anularía la autorregulación.
Asimismo, exigieron que la legislación garantice el pluralismo de creencias sin someter las convicciones religiosas a revisiones administrativas o a etiquetas obligatorias.
Finalmente, ante la proximidad del cierre del proceso de consulta pública programado para el 21 de agosto de 2026, la CEM hizo un llamado abierto a los laicos, profesionales de la comunicación, académicos y a la sociedad civil a participar activamente enviando sus comentarios.
Los obispos concluyeron que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa de manera responsable.
“A los comunicadores de México, queremos decirles que su oficio es más que un trabajo. Quien informa con honradez sostiene la vida común de un país; quien lo hace con miedo, o al servicio de intereses ajenos a la verdad, la debilita” señala el documento.
