Por Alba Alemán/ Reportera de NOTIVER
XALAPA, Ver.- Fernando “N” fue sentenciado a 80 años de prisión por el delito de secuestro agravado, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) acreditara su responsabilidad en la privación de la libertad de un comerciante ocurrida en Xalapa en 2016.
De acuerdo con la FGE, los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2016 en la colonia Carolino Anaya, donde Fernando “N” participó en el secuestro de la víctima y posteriormente se exigió dinero a sus familiares a cambio de su liberación.
La víctima era un comerciante dedicado a la venta de material reciclable, de acuerdo con los antecedentes de la investigación difundidos por la autoridad en 2017.
El caso llevó a la detención de Fernando “N” en octubre de 2017, junto con Cipriano “N”, Juan Daniel “N”, Rufino “N” y Jesús Roberto “N”.
En ese momento, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado informó que los cinco eran investigados por su probable participación en el secuestro del comerciante y que se les relacionaba con una banda que operaba en Xalapa, Las Vigas y Perote.
Las autoridades también señalaron entonces que se habían localizado y asegurado inmuebles utilizados presuntamente como casas de seguridad en esos municipios, mientras que a Juan Daniel “N”, alias “El Tirano”, se le identificó como probable cabecilla del grupo, al que además se relacionaba con otros homicidios y extorsiones en Xalapa y municipios de la zona.
Años después, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) continuó el proceso contra Fernando “N”, identificado también como “El Mariguas”.
La propia FGE informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en su contra por estos hechos dentro del proceso penal 236/2017.
Este jueves, la Fiscalía informó que, como resultado del juicio oral 91/2024-J, un órgano jurisdiccional dictó una sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra Fernando “N” por el delito de secuestro agravado.
Además de la pena de prisión, se determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos y la identidad de la víctima se mantiene bajo resguardo legal.
