Por Rodrigo Barranco Déctor/NOTIVER
El actor y comediante Javier Carranza, conocido en el medio artístico como "El Costeño", interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras detectar un presunto robo de identidad que lo vincula de manera ilegal con el padrón vehicular del estado de Veracruz.
El afectado señaló directamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz por asignarle créditos fiscales vencidos y requerimientos de cobro por concepto de impuesto sobre la tenencia de dos unidades automotrices que, según su declaración patrimonial, nunca ha adquirido ni poseído.
El descubrimiento de la anomalía administrativa ocurrió cuando el humorista solicitó un reporte especial de su historial crediticio ante las Sociedades de Información Crediticia.
En dicho documento, Carranza apareció con un estatus de morosidad extrema y una calificación negativa en el Buró de Crédito, derivado de adeudos fiscales reportados por el Gobierno del Estado de Veracruz.
Al indagar sobre el origen de los cargos, las plataformas oficiales arrojaron que el contribuyente tiene registrados a su nombre, bajo la modalidad de créditos automotrices y derechos de control vehicular, una camioneta de la marca Chevrolet y un remolque tipo plataforma, ambos con matrículas de circulación vigentes expedidas en territorio veracruzano.
Ante el requerimiento económico, el comediante inició los trámites de aclaración correspondientes de forma digital y telefónica con el área de recaudación de Sefiplan; sin embargo, el personal operativo de la dependencia estatal rechazó las pruebas de residencia presentadas a distancia.
Las autoridades veracruzanas notificaron formalmente al actor que, para proceder con la baja de los vehículos o iniciar un juicio de contradicción, está obligado a trasladarse físicamente a la ciudad de Xalapa, presentar una denuncia presencial ante la fiscalía local y turnar un escrito libre ratificado ante la Dirección General de Recaudación, situación que el afectado calificó como una traba burocrática injustificada.
La representación legal del litigante informó que la principal preocupación no radica exclusivamente en el impacto financiero de la deuda o el bloqueo de sus líneas de crédito comerciales, sino en las implicaciones penales que conlleva tener vehículos a su nombre circulando en el sureste del país.
Existe un riesgo latente de que dichas unidades, cuya procedencia física y uso actual se desconocen, se encuentren relacionadas con actividades delictivas, lo que involucraría al artista en carpetas de investigación por delitos federales o del fuero común sin tener relación alguna con los operadores reales de los automotores.
Hasta el momento, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha ordenado una auditoría interna en su sistema de registro vehicular para verificar si el alta de las unidades se debió a un error de homonimia por parte de los operadores del sistema, a la falsificación de documentos de identidad por parte de una concesionaria, o a una red interna dedicada a la clonación de datos de contribuyentes foráneos.
