*Axel Rodríguez Batres, ex director de Operaciones de CFE
*Firmó los dictámenes para vender las ambulancias de SESVER
*Es sobrino de Martí y Lenia Batres; señalado por ‘huachi-diésel’
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
Un nuevo y ríspido debate se encendió en la tribuna del Congreso de Veracruz tras someterse a votación la solicitud del Secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, para autorizar la enajenación onerosa, mediante subasta pública, de 40 unidades vehiculares asignadas a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), catalogadas como desecho ferroso.
Editor86
La polémica surgió al revelarse que el avalúo oficial de los bienes, emitido el pasado 22 de mayo de 2026, corrió a cargo de Axel Rodríguez Batres, exdirector de Operaciones de CFEnergía y sobrino de Martí Batres (actual director del ISSSTE) y de la Ministra de la SCJN, Lenia Batres.
Legisladores de oposición cuestionaron severamente la validez del procedimiento, señalando que el funcionario de origen poblano arrastra un negro historial de presuntos actos de corrupción a nivel federal.
La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC) Elena Córdoba, refirió que el proceso del avalúo oficial se hizo en lo “obscurito” y es cuestionable la participación del sobrino de los funcionarios morenistas.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas publicadas por el medio Código Magenta en su serie de reportajes titulados “Huachi-diésel: El cártel de la CFE”, Rodríguez Batres operó como la mano derecha de Miguel Reyes – actual secretario de finanzas- en CFEnergía durante el entramado que presuntamente encabezaron Manuel Bartlett y su pareja sentimental, Julia Abdalá Lemus, para introducir diésel de contrabando al país.
Esa investigación señaló que el "huachi-diésel" —combustible de baja calidad y alto contenido de azufre comprado barato en Estados Unidos— presuntamente ingresaba ilegalmente por los puertos de Altamira, Tampico, Tuxpan y Progreso en buques de hasta 25 millones de litros.
Posteriormente, era facturado a sobreprecio a través de empresas fachada para abastecer a las plantas generadoras de energía de la CFE.
La investigación señala que el Gobierno Federal invirtió más de 2 mil 500 millones de dólares en centrales de ciclo combinado en las penínsulas de Yucatán y Baja California, bajo la narrativa de combatir apagones y frenar la compra de gas natural a empresas extranjeras.
Sin embargo, a la administración de la paraestatal se le "olvidó" gestionar los gasoductos necesarios, dejando las plantas inoperativas sin gas hasta después de 2027.
Para subsanar la omisión, se recurrió al uso de diésel ilegal mediante CFEnergía, filial privada de la CFE que no puede ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ni por la Secretaría Anticorrupción.
Bajo este esquema de opacidad, el 21 de marzo de 2025 se asignó un contrato por 2 mil 642 millones de pesos a la firma Mejicali Turbine Energy S de RL de CV, comprometiendo el pago diario de 9.2 millones de pesos por un suministro temporal de combustible.
La investigación señala que el operador financiero de dichos movimientos fue Miguel Reyes, entonces director de CFEnergía y actual miembro del gabinete de Rocío Nahle.
Debajo de él operaba directamente Axel Rodríguez Batres, el mismo personaje que hoy firmó los avalúos de desecho ferroso para el Gobierno del Estado y que mantiene bajo sospecha los procedimientos administrativos en el Congreso veracruzano.
