*El Presidente de EU expresó su esperanza de que los tribunales permitieran a su administración continuar con las expulsiones de migrantes
WASHINGTON. (Agencias).- Durante un discurso en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de West Point, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su esperanza de que los tribunales permitieran a su administración continuar con las expulsiones de migrantes.
"No es fácil, pero ojalá los tribunales nos permitan continuar", dijo Trump durante la ceremonia de graduación de la prestigiosa academia militar de West Point, en la que dijo que su Ejecutivo ha restaurado el propósito central de las Fuerzas Armadas, que según él es proteger las "propias fronteras de invasiones".
Trump afirmó que el país había sido invadido en los últimos cuatro años y que su gobierno estaba trabajando para expulsar a los inmigrantes que calificó de delincuentes o enfermos mentales, devolviéndolos a sus países de origen.
"Nuestro país fue invadido durante los últimos cuatro años, y han permitido la entrada de personas que no deberían estar aquí", clamó el presidente, afirmando, una vez más, que una gran cantidad de inmigrantes que han entrado a Estados Unidos en los últimos años son "delincuentes" o "enfermos mentales" y que su Gobierno los está "sacando y trayendo de vuelta a sus lugares de origen".
También destacó el despliegue militar en la frontera entre Estados Unidos y México, afirmando que había reducido los cruces fronterizos ilegales a casi cero.
Los comentarios de Trump se producen en medio de batallas legales en curso, ya que los tribunales federales han bloqueado varias de las controvertidas políticas migratorias de su administración.
Cabe destacar que un tribunal de Massachusetts ordenó recientemente detener la expulsión de ocho migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur.
Esta orden fue presuntamente violada por la administración Trump al permitir que su vuelo de deportación continuara, aunque, según informes, los migrantes permanecen bajo custodia federal en Yibuti.
Además, un juez federal de Massachusetts bloqueó temporalmente la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de suspender la matrícula de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, a la que la administración acusó de fomentar el antisemitismo al permitir protestas contra la campaña militar de Israel en Gaza.
Estos reveses judiciales ponen de relieve la tensión entre la agenda migratoria de Trump y los desafíos legales, ya que los tribunales exigen un mayor apego al debido proceso.
Por ejemplo, la jueza federal de Colorado, Charlotte Sweeney, dictaminó en abril de 2025 que el gobierno debe proporcionar a los migrantes un aviso de 21 días en su lengua materna antes de la deportación, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley que Trump ha invocado para justificar expulsiones rápidas, en particular de presuntos miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
La Corte Suprema también ha intervenido, manteniendo un bloqueo temporal de dichas deportaciones mientras tribunales inferiores revisan su legalidad, enfatizando el derecho de los migrantes a la revisión judicial.
Las políticas migratorias de Trump, incluyendo un registro propuesto para inmigrantes indocumentados con sanciones que incluyen multas o hasta seis meses de prisión por incumplimiento, siguen enfrentando una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos civiles como la ACLU, que argumentan que estas medidas violan el debido proceso y corren el riesgo de ser discriminadas por raza.
A pesar de estos desafíos, Trump se mantiene desafiante, presentando sus políticas como esenciales para la seguridad nacional y el cumplimiento de sus promesas de campaña.
Sin embargo, obstáculos logísticos y legales, como la saturación de los tribunales de inmigración y la necesidad de cooperación diplomática de los países receptores, dificultan su objetivo de deportaciones masivas.
