MASCARILLA-GATE
*El Tribunal condena a cuatro años y medio a Aldana pero le exime de entrar en prisión si cumple una serie de requisitos
Madrid.- La sentencia del primer juicio del caso Koldo, centrado en el supuesto amaño en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 por parte del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, se ha saldado con severas condenas para el exministro y quien fuera su asesor y un castigo reducido al mínimo para el empresario corruptor.
Editor86
El Tribunal Supremo ha impuesto por unanimidad al exdirigente socialista 24 años y tres meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, aunque tendrá que cumplir un máximo de 16 años y medio.
El antiguo asesor ministerial, Koldo García, y el comisiomista Víctor de Aldama han sido condenados a 19 años y ocho meses (con 15 de cumplimiento máximo) y cuatro años y medio, respectivamente, pero el Supremo ha eximido al empresario de entrar en la cárcel y de pagar los 3,7 millones de comisiones que el tribunal considera que se embolsó, si cumple una serie de requisitos: no volver a delinquir, presentar un informe semestral de actividades y un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Aunque la condena de Ábalos y García se daba por segura, la sentencia del Supremo marca un punto de inflexión en el plano político:
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene desde este lunes condenado en firme a quien fuera peso pesado del PSOE como secretario de Organización, uno de los miembros más destacados de aquel primer Ejecutivo que llegó a La Moncloa en junio de 2018 tras una moción de censura en cuyo debate Ábalos se subió a la tribuna para para desmontar “el círculo perfecto de la corrupción”.
Es también la primera sentencia sobre los escándalos de corrupción que rodean desde hace meses al PSOE y el Gobierno y que siguen investigándose en los tribunales.
El fallo del Supremo contiene, además, algunos aspectos que hacen más difícil su digestión para el entorno del principal partido del Gobierno.
Uno de ellos es la dureza de las penas a Ábalos y García: tres meses más altas de las que reclamó para ellos la Fiscalía Anticorrupción (24 años para el exministro y 19 y medio para quien fuera su asesor).
La suma se explica por el amplio listado de conductas delictivas atribuidas a ambos, con horquillas de entre cinco años y medio y siete meses de cárcel cada una.
En el último gran juicio celebrado en el Supremo que acabó con penas de prisión, el que juzgó a 12 líderes del procés, el castigo más alto, que recayó sobre el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por sedición y malversación, fue de 13 años, casi la mitad de la impuesta a Ábalos.
En la sentencia, el tribunal se detiene para “reflexionar” sobre la corrupción y sus consecuencias:
“La corrupción [...] opera como un fenómeno que distorsiona la finalidad del poder, debilita los contrapesos institucionales y compromete la igualdad de los ciudadanos ante la ley”, afirma la sala.
En el lado opuesto al exministro y su asesor, el tribunal ha premiado la autoinculpación del empresario Víctor de Aldama con una reducción del castigo mayor incluso de la que pidió el PP como acusación popular y de la que solicitó el fiscal, que reclamó para él siete años de cárcel.
La Sala Penal ha considerado que la atenuante de confesión se da de forma “muy cualificada” y, aunque le ha condenado por cuatro delitos (organización criminal, un delito de cohecho continuado y dos de cohecho simple) y le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel, ninguna de las penas supera por sí sola los dos años de prisión, lo que ha abierto la puerta a que no pise la cárcel.
El tribunal ha aceptado eximirle si no reincide y cumple con el resto de condiciones que le impone, y le ha liberado también de pagar los 3,7 millones de euros que se embolsó el empresario con las mascarillas, al no quedar acreditado que se valió de información privilegiada.
La Sala justifica el trato a Aldama con un alegato a favor de premiar la colaboración de la justicia, un mensaje que puede leerse entrelíneas dirigido a otros imputados en casos de corrupción que actualmente investiga, sobre todo, la Audiencia Nacional.
Para los magistrados, “el Estado de derecho debe premiar con los instrumentos previstos en la legislación aquellos comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático como los que son objeto de este juicio”.
