*El Departamento de Estado reasignará millones de dólares destinados a la financiación de anticonceptivos para cubrir los costos de energía
WASHINGTON.- En un memorando, el departamento informó a los legisladores que estaba redirigiendo hasta 125 millones de dólares en ayuda exterior, incluidos casi 49 millones de dólares que el Congreso había asignado para programas de planificación familiar en países de bajos ingresos.
El Departamento de Estado tiene previsto redirigir hasta 125 millones de dólares de ayuda exterior para sufragar el vertiginoso aumento de los costes energéticos, incluidos casi 49 millones de dólares que el Congreso había asignado para suministrar anticonceptivos a mujeres en países de bajos ingresos, según un memorando enviado a los legisladores el mes pasado.
El memorando, obtenido por The New York Times, invocaba una disposición de la Ley de Asistencia Exterior que permite al presidente desviar ciertos fondos de ayuda para hacer frente a "contingencias imprevistas".
El memorando, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, indicaba que los fondos eran necesarios para "apoyar las necesidades urgentes de seguridad energética de los socios que se enfrentan a cortes coercitivos de suministro, perturbaciones del mercado y costes inflados".
Atribuía dichos costes a "acciones deliberadas y extorsivas de Rusia, China e Irán", pero no explicaba cómo se gastaría el dinero.
Los precios del petróleo se han disparado durante la guerra del presidente Trump contra Irán.
La reanudación de las hostilidades entre Arabia Saudita y los hutíes ha perturbado aún más los mercados, poniendo en riesgo la infraestructura energética en una región crucial para el suministro mundial de petróleo crudo y sus derivados, como el diésel y la gasolina.
En un comunicado, un portavoz del Departamento de Estado se negó a identificar a los socios que recibirían la ayuda, pero afirmó que la administración estaba utilizando la asistencia exterior para cubrir necesidades críticas y “reformando la ayuda para alinearla con los intereses nacionales”.
El departamento declinó responder a una solicitud de comentarios específica sobre la financiación de la planificación familiar.
Los senadores criticaron duramente la medida, calificándola de extralimitación del poder ejecutivo.
“El presidente Trump y el secretario Rubio están desviando fondos que el Congreso había reservado para apoyar la planificación familiar y reducir la mortalidad materna e infantil, todo para poder fingir que están tratando de frenar parte del daño que han causado al iniciar una guerra imprudente y crear una crisis energética mundial”, dijo en un comunicado la senadora Patty Murray de Washington, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado.
Una portavoz de la senadora Susan Collins, republicana de Maine y presidenta del comité, declaró que se oponía a la decisión del gobierno.
“Estos fondos deben asignarse según lo previsto por el Congreso”, dijo la portavoz.
La administración Trump pudo reasignar fondos para programas gubernamentales gracias a una ley de gastos aprobada a principios de este año.
Se suponía que dicha ley dificultaría que la Casa Blanca incumpliera las asignaciones presupuestarias de los legisladores .
Sin embargo, el paquete legislativo mantuvo una laguna legal para la administración mediante la cláusula de contingencias imprevistas, que el Departamento de Estado invocó.
La Sra. Murray instó a los republicanos a unirse a los demócratas para imponer límites de gasto más estrictos a la administración.
“Los republicanos deberían unirse a nosotros para insistir en que se reviertan estos recortes y, finalmente, tomar medidas en nuestros proyectos de ley de gastos para evitar que esta administración pueda volver a ejecutar una medida de este tipo”, decía el comunicado de la Sra. Murray.
En el memorando, la mayor reasignación fue de 48,5 millones de dólares destinados a la planificación familiar y la atención de la salud reproductiva en países de bajos ingresos.
La administración del Sr. Trump se ha negado reiteradamente a financiar la planificación familiar durante su segundo mandato.
Esta financiación era una de las tres partidas presupuestarias que el Congreso tenía previsto destinar a proporcionar anticonceptivos y los servicios médicos necesarios para su distribución a más de 47 millones de mujeres y parejas en países en desarrollo.
Las tres partidas han sido retenidas, recuperadas mediante una rescisión o simplemente no se han gastado, quedando etiquetadas como «para ser reprogramadas» en el presupuesto.
“Las consecuencias de estas decisiones no son teóricas: cada dólar retenido tiene un coste humano”, afirmó Nabeeha Kazi Hutchins, directora ejecutiva de Population Action International (PAI), una organización que defiende la salud reproductiva.
Durante más de 60 años, la ayuda estadounidense a la planificación familiar ha permitido a las mujeres de países de bajos ingresos espaciar los nacimientos y acceder a servicios esenciales de salud reproductiva.
Solo en 2024, esta asistencia contribuyó a prevenir aproximadamente 34 000 muertes maternas, según declaró la Sra. Kazi Hutchins.
«Negarse a gastar los fondos asignados por el Congreso pone vidas en riesgo y socava décadas de liderazgo global estadounidense», afirmó.
«El Congreso tiene el poder de decisión sobre el presupuesto, no la Casa Blanca».
