*Manifestantes realizan una protesta antigubernamental en La Paz, Bolivia, el miércoles 27 de mayo de 2026.
La Paz, Bolivia.- La Ley 1732 comenzó a regir desde hoy en Bolivia, tras ser promulgada por el Presidente Rodrigo Paz Pereira y que deja sin efecto la normativa previa que imponía restricciones a la declaratoria de Estado de Excepción, publicó la Gaceta Oficial.
El nuevo marco normativo abroga la Ley 1341 sobre el Estado de Excepción aprobada en 2020, considerada por sectores oficialistas y empresariales como un obstáculo jurídico para responder a escenarios de conflictividad extrema.
"Se abroga la Ley 1341, del 23 de julio de 2020, de Estados de Excepción"...
Señala el artículo único de la nueva norma, aprobada por el Legislativo y promulgada por el Presidente Paz Pereira.
La publicación se produce en el contexto de la cuarta semana consecutiva de movilizaciones, cortes en carreteras y marchas masivas impulsadas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana, además de movilizaciones de campesinos, indígenas, mineros, maestros y miembros de juntas vecinales.
Se produce también en medio de llamados cada vez más insistentes de sectores empresariales y civiles como el Comité pro Santa Cruz, que demandan un estado de excepción para despejar las carreteras bloqueadas y restablecer el abastecimiento en las principales ciudades del país.
La Constitución boliviana faculta al Presidente a declarar estado de excepción en todo o parte del territorio nacional cuando existan amenazas a la seguridad o al orden público.
Al menos 70 puntos de bloqueo permanecían activos hasta el pasado lunes en seis de los nueve departamentos del país, con mayor concentración en las regiones del occidente boliviano, según datos de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.
La situación en Bolivia ha golpeado de manera severa el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en ciudades importantes como La Paz y El Alto, donde largas filas de vehículos y mercados semivacíos se han convertido en escenas recurrentes.
Transportistas, comerciantes y productores agrícolas reportan pérdidas millonarias por la interrupción del tránsito y la paralización parcial de la actividad económica.
